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Talleres y concesionarios pelean por entrar en el negocio de la ITV

ECONOMÍA

Talleres y concesionarios pelean por entrar en el negocio de la ITV

El Gobierno tiene sobre la mesa un proyecto para liberalizar el sector, cuya competencia está en manos de las autonomías

28.04.14 - 07:32 -
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Ante la considerable caída de su negocio de reparación por efecto de la crisis, talleres y concesionarios han fijado su mirada en el sector de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que podría liberalizarse si el Gobierno no introduce modificaciones sustanciales en la propuesta de real decreto que desde hace un año tiene encima de la mesa. La intención del Ejecutivo es eliminar una serie de incompatibilidades que, según la ley vigente a día de hoy, impiden abrir centros de ITV a talleres, concesionarios, empresas de transporte o aseguradoras. La regulación de este negocio está en manos de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno debe medir muy bien sus pasos para no generar un conflicto de competencias. En Euskadi este servicio se desarrolla mediante una concesión del Gobierno Vasco, que es quien fija el número de centros y los precios.

La asociación que agrupa a la gran mayoría de los 412 centros de inspección que se reparten por la geografía española (AECA-ITV) cree que la liberalización del sector daría entrada en el negocio a numerosas empresas que actuarían «como juez y parte, de forma que se pondría en peligro la calidad y el rigor de las inspecciones y, por tanto, de la seguridad vial», denuncia Luis Rivas, presidente de AECA-ITV. «De no mantenerse la independencia de la actividad inspectora podría dejarse inerme al usuario ante diagnósticos interesados sobre su vehículos. Precisamente por eso las comunidades autónomas establecieron un régimen de incompatibilidad complementario al del Estado que garantiza la correcta prestación del servicio», añaden fuentes de la asociación.

En el otro lado del debate se sitúan los concesionarios y los talleres, fundamentalmente. Defienden que liberalización total del negocio ayudará a reducir precios, y que el consumidor ganará en comodidad, ya que contará con más centros de inspección y no se le obligará, como sucede en ocasiones, a desplazarse varias decenas de kilómetros para pasar la revisión de su vehículo.

«Lo que propugnamos es que haya una línea independiente de inspección en los talleres, y que cumplan todos los requisitos impuestos por las comunidades autónomas y se sometan a su vigilancia. Así funcionan en otros países como Alemania. Además, ¿quién está mejor preparado que un taller para hacer una revisión?», se pregunta Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam).

Ganvam solicita que a los talleres y concesionarios se les conceda la posibilidad de homologar líneas de inspección sólo para turismos y vehículos comerciales ligeros, de manera que no necesiten realizar una inversión tan cuantiosa como la que se requeriría para inspeccionar vehículos de mayor tamaño (puede alcanzar los dos millones de euros).

Sin competencia

«No entendemos por qué se entiende la liberalización del sector como algo perjudicial. Los talleres y concesionarios deberían pasar los mismos controles a los que son sometidos en la actualidad los centros de ITV y cumplir la normativa. Quizá lo que ocurre es que el sector no está acostumbrado a vivir en un mundo de competencia», sostiene un portavoz autorizado de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos y Camiones, Anfac.

El actual sistema de inspección arrancó en 1982, cuando el último gobierno de la UCD creó las Entidades Colaboradoras de la Administración en esta actividad. Inicialmente, el régimen establecido fue el de las concesiones administrativas. Después, se pasó a un sistema más abierto, mediante la transferencia de las competencias a las autonomías, que fijan sus propios modelos de gestión y de precios.

No es la primera vez que un Gobierno aborda la liberalización de esta actividad. En el 2000, el Ejecutivo de José María Aznar intentó modificar las competencias sobre el sistema. Pero el Tribunal Constitucional falló en contra, reconociendo la competencia de las comunidades autónomas, que tendrían la última palabra ante un hipotético cambio de normativa. El pasado julio, el Ministerio de Industria reabrió el debate.

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