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El Gobierno descarta la vía del PNV y atribuye al Estado la verificación del desarme de ETA

POLÍTICA

El Gobierno descarta la vía del PNV y atribuye al Estado la verificación del desarme de ETA

Sitúa la disyuntiva en que ETA desaparezca o en que los presos se acojan a la reinserción. El Ejecutivo valora la interlocución con el lehendakari, pero no variará su estrategia de esperar y ver en la gestión del final de la violencia

29.08.13 - 00:06 -
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La agenda inmediata del Gobierno de Mariano Rajoy pasa en la 'rentrée' política por la gestión de la 'amenaza Bárcenas', las expectativas sobre la recuperación económica y lo que pueda implicar la Diada de este 11 de septiembre en el pulso soberanista catalán. La consolidación del final del terrorismo en Euskadi sigue sin formar parte de las inquietudes perentorias del Ejecutivo, que mantiene la pelota en el tejado de ETA y la izquierda abertzale a partir de la convicción de que el paso del tiempo -en octubre se cumplirán dos años del cese definitivo de las «acciones armadas» por parte de la dirección etarra- está jugando a su favor. Rajoy y su equipo solo contemplan un escenario en el que la organización terrorista acabe disolviéndose o protagonice, en su caso, un desarme tan concluyente e indudable que equivalga a su desaparición efectiva. Desarme que el Gobierno, según fuentes solventes consultadas por este periódico, únicamente admitiría si lo verifican las Fuerzas de Seguridad del Estado, descartando así la vía propia ante las instituciones vascas que propone el PNV con la eventual participación de mediadores consensuados.

La interlocución con los jeltzales es valiosa en estos momentos para Rajoy, que citó al lehendakari el pasado 15 de julio, en plena escandalera por el caso Bárcenas, a una reunión en la Moncloa sin publicidad. Los populares aprecian el talante de Urkullu -singularmente, por comparación con la actitud de Artur Mas- y parecen haber interiorizado que es mejor mantener una línea de entendimiento con los peneuvistas y el Ejecutivo de Vitoria que enredarse con controversias en el hoy apaciguado 'frente vasco'. Pero esa disposición al diálogo no va a traducirse en ningún golpe de timón en la política antiterrorista del Gobierno español. Rajoy conoce de primera mano y desde hace meses el planteamiento del lehendakari favorable a incentivar una estrategia más flexible hacia los presos de ETA, algo que los jeltzales creen preciso para afianzar el final de la violencia y aligerar las tensiones internas que vive la izquierda abertzale. El Ejecutivo lleva tiempo percibiendo un descontento creciente entre los reclusos y su entorno. Pero disiente de que tenga que ser el Estado el que adopte decisiones cuando ETA no ha resuelto aún qué hacer con las armas y los activistas que le quedan y no ofrece síntomas de querer disolverse como poder fáctico en la sombra.

Aunque los medios consultados aceptan que el reproche de «inmovilismo» contra el Gobierno ha calado en sectores de la ciudadanía y la opinión pública vascas, están persuadidos de que los casi dos años transcurridos desde el cese definitivo de ETA han asentado por sí mismos la convicción política y social de que el terrorismo pertenece ya al pasado, sin contrapartidas. No se trata -sostienen- de que el Ejecutivo no desee que el ciclo de la violencia se cierre cuanto antes, pero su estrategia se basa en esperar a que sea el MLNV el que desista: o ETA lo deja para siempre y desata así el nudo de las cárceles o los presos se van acogiendo por sí solos y de manera individualizada al plan de reinserción que el Ministerio de Interior presentó hace 16 meses, en un intento -por ahora vano- de estimular desmarques de la férrea disciplina etarra que, hasta el momento, se limitan a los internos de la llamada vía Nanclares.

El Ejecutivo no se siente interpelado en este contexto para modular sus posiciones, que en lo sustancial siguen centradas en exigir la disolución de ETA y en evitar la pervivencia de un relato justificador de la violencia. Los medios consultados no se aventuran sobre el desarme, ni entran a cuantificar los arsenales que pueda atesorar una organización terrorista a la que apenas se le atribuyen una treintena de activistas en suelo francés y con los recursos justos para sobrevivir en la clandestinidad. Pero sí descartan, en cualquier caso, que el Gobierno vaya a asumir como alternativa la denominada 'vía vasca' que patrocina el PNV y en la que trabaja el lehendakari Urkullu, dado que el Ejecutivo -zanjan las fuentes gubernamentales- solo contempla un desarme que esté verificado por el Estado a través de sus cuerpos y fuerzas de seguridad.

«Nosotros comprobaremos»

El Gabinete Rajoy se mantiene, en este sentido, en las pautas que ya anticipó el ministro de Interior en una entrevista con este periódico hace once meses: «Que ETA anuncie que se disuelve, que entrega las armas, que clausura sus diezmadas estructuras logísticas en la clandestinidad. Nosotros comprobaremos, sin necesitar verificadores internacionales, que eso es así», describió entonces Jorge Fernández Díaz, quien condicionó a esa renuncia de la dirección etarra cualquier movimiento sobre los presos. El rechazo del Gobierno del PP al esquema del PNV se suma, por motivos diametralmente opuestos, al que ya ha expresado la izquierda abertzale, que insiste en que el hipotético desarme de ETA no solventa el 'contencioso vasco' y que, de todas formas, tendría que ser «monitorizado» por el Estado, el único con competencia, por otra parte, en materia penitenciaria. La iniciativa jeltzale también ha caído en saco roto en el PSE, que reclama que la banda etarra se disuelva sin dilaciones.

Es una incógnita cómo repercutirá esta nueva discrepancia en las relaciones de los Gobiernos de Vitoria y Madrid sobre la gestión del final de la violencia. La reunión celebrada el 9 de julio entre representantes del Ministerio de Interior y del Departamento vasco de Seguridad, con la presencia del secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, antepuso el diálogo institucional a las disensiones, cuando está pendiente de cerrar la creación del Memorial de víctimas.

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