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¿Quién decide si está enfermo el trabajador?

ECONOMÍA

¿Quién decide si está enfermo el trabajador?

La ministra de Trabajo plantea dar una mayor intervención a las mutuas en las bajas por contingencias comunes

22.04.13 - 00:10 -
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¿Quién decide si está enfermo el trabajador?

La reforma laboral permite a las empresas despedir por causas objetivas (indemnización de 20 días por año) a los trabajadores que falten por causa justificada el 20% de los días en dos meses consecutivos (nueve días si trabaja de lunes a viernes). Además, el real decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de julio de 2012 recortó el salario de los empleados públicos cuando están de baja (en Euskadi, el Gobierno de Urkullu ha relajado esta medida). Ahora, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene sobre la mesa otro proyecto de real decreto que afecta a la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, es decir, por enfermedad no derivada del trabajo. En él se establece que las Mutuas de Accidentes de Trabajo pueden proponer el alta médica de trabajadores en los procesos derivados de contingencias comunes, que se considerará aceptada siempre que el facultativo del servicio público de salud no conteste en el plazo de cuatro días desestimandola. Es lo que se conoce como silencio adminsitrativo positivo. En la actualidad, las mutuas pueden proponer el alta, pero el médico del servicio público de salud dispone de 15 días para contestar, y si no lo hace se considera desestimada la propuesta de alta.

El próximo jueves acaba el plazo para que los colectivos afectados presenten sus alegaciones al proyecto. Todo se está haciendo de manera 'informal' porque el Ministerio no ha abierto el proceso oficial de consultas, que está previsto para mayo, aunque ya ha recibido las alegaciones de los sindicatos, de varias comunidades autónomas, de asociaciones médicas y de las mutuas.

Precisamente la inversión del silencio administrativo es uno de los elementos más criticados por los sindicatos y los colectivos médicos. A Francisco José Sáez Martínez, uno de los responsables de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), le parece que da «un poder un poco exagerado a las mutuas y con plazos absurdos de cuatro días para contestar». Sáez apoya que se modifique la incapacidad temporal, cuya regulación de los partes de baja es preconstitucional, pero señala que hay que «tener cuidado con el poder de las mutuas» y rechaza que estas puedan acceder a la información sobre el paciente. El proyecto les permite conocer los informes complementarios donde se recogerán las dolencias padecidas por el trabajador, que se exigirán al facultativo en las IT superiores a 31 días. Sáez explica que en la historia clínica puede haber información sensible y si el paciente sabe que su historia puede ser conocida por la empresa no le contará todo a su médico.

Jaime González, de la secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, se pronuncia en contra del silencio administrativo positivo y afirma que se vulnera la ley de protección de datos al permitir que la mutua tenga acceso al historial. UGT alega que las mutuas son asociaciones de empresarios y, aunque tuteladas y controladas por la Administración, se gestionan con criterios privados. Por ello, entiende que el proyecto de real decreto supone «la privatización de la gestión de la IT».

Por el contrario, el director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz, señala que las mutuas ya emiten altas en contingencias profesionales y rechaza el temor a que puedan 'forzar' el alta de los empleados para beneficio de las empresas: «Nosotros trabajamos bajo el mismo código deontológico que los médicos de la Seguridad Social».

El proyecto de Empleo tampoco satisface plenamente a las mutuas. Desde AMAT recalcan que si se hiciera una ley de mutuas que aumentara la competencia y su capacidad de gestión podrían ahorrar 7.600 millones a la Seguridad Social y a las empresas.

Plazos de partes de baja

Por otra parte, el proyecto de real decreto modifica el plazo para extender los partes de baja y alta en incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en función de la duración estimada de la enfermedad, con el fin de ahorrar trámites burocráticos.

En los procesos de duración estimada inferior a 5 días, el médico emitirá el parte de baja y de alta en la primera consulta; cuando se estime una duración de entre 5 y 30 días, la primera revisión se producirá no más allá de siete días desde emitida la baja y los sucesivos partes de confirmación de la baja a los 14 días; para procesos de duración estimada entre 31 y 60 días, el primer parte de confirmación será a los 7 días y los siguentes con una diferencia no superior a 28s; para procesos superiores a 61 días de duración, la primera revisión se hará antes de 14 y los sucesivos partes de confirmación de la baja se podrán emitir con una diferencia de hasta 35 días. En la actualidad, sea cual sea la enfermedad y aunque el paciente esté en el hospital, la confirmación de la baja hay que hacerla a los tres días y las siguientes cada semana.

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