Fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, donde actualmente se enclava la viceconsejería de Vivienda, califican de «drástica» la caída en el volumen de iniciaciones de viviendas protegidas registrado en 2012 respecto a la actividad generada en años anteriores. Según explican, «la crisis económica y financiera ha tenido un fuerte impacto en la inversión y el consumo. Se ha producido así una reducción simultánea en la demanda de vivienda y en la capacidad de oferta tanto privada como pública».
Si hay dificultades en las viviendas protegidas de compra, en el caso del arrendamiento, la empresa hoy en día se antoja misión imposible. «La promoción de viviendas en régimen de alquiler conlleva unas mayores exigencias financieras que el régimen de compraventa, por lo que en períodos de crisis como el actual resulta aún más complicado desarrollar nuevas promociones de viviendas en arrendamiento protegido», aseguran desde el Gobierno Vasco. «No hay hoy en día financiación bancaria al alquiler por la problemática del sector financiero y las normas del Banco de España sobre provisiones», añaden las mismas fuentes.
En esta tesitura, «ante estas dificultades, el Departamento ha optado por impulsar otras fórmulas para favorecer un alquiler accesible para las personas con menores recursos económicos, poniendo en el mercado viviendas usadas pertenecientes a particulares», como el programa Bizigune o el ASAP.
