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El Tribunal Constitucional avala el uso del padrón para localizar a inmigrantes

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El Tribunal Constitucional avala el uso del padrón para localizar a inmigrantes

La misma sentencia declara inconstitucional que se prohíba durante un plazo de tres años el regreso de los ilegales que han sido devueltos

13.02.13 - 00:13 -
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El Tribunal Constitucional (TC) avaló ayer en una sentencia la utilización por parte de la Policía del padrón municipal para localizar a los inmigrantes sin el consentimiento de éstos, siempre que el acceso a esos datos esté motivado, justificado y controlado.
Así lo dispone el tribunal en la sentencia al recurso presentado en 2004 por el Parlamento Vasco contra varios artículos de la modificación de 2003 de la Ley Orgánica de Extranjería. Asimismo, la sentencia declara inconstitucional y nulo el precepto de esta misma que prohíbe la entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años a los inmigrantes que hayan sido devueltos pro intentar entrar ilegalmente en el país.
Respecto al acceso al padrón por parte de la Policía, el TC considera legítimo que en un país receptor de personas inmigrantes, se dispongan los medios que impidan su entrada ilegal y se eviten las estancias sin título jurídico válido. De todos modos, señala que este acceso debe contar con garantías específicas, como que la consulta esté justificada y controlada a fin de evitar «un uso torticero de dicha facultad».
Dado que el acceso debe estar justificado, el tribunal entiende que ese precepto no vulnera la Ley de Protección de Datos y recuerda que el acceso ha de hacerse de forma puntual, por quien se encuentre habilitado para ello y en relación a datos concretos y justificados.
Cesión de datos
El Parlamento Vasco también impugnó un artículo que regula la cesión de datos de los inmigrantes incluidos en la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia Tributaria entre las administraciones sin consentimiento del interesado.
Para el TC, la cesión de datos entre administraciones cumple las garantías previstas en la Ley de Protección de Datos y es constitucional. Entiende también que el acceso a esos ficheros debe ser específico y se lleva a cabo para la tramitación de un expediente determinado, «y no de un acceso masivo e indiscriminado».
Por otro lado, la sentencia declara inconstitucional otro precepto de la ley en el que se señala que toda devolución de un inmigrante que intentó entrar ilegalmente en España, «llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años».
Según el Parlamento Vasco, con este precepto se modificaba la naturaleza de la devolución para transformarla en una sanción similar a la expulsión, con sus mismas consecuencias jurídicas y materiales y sin la previa instrucción del correspondiente expediente.
La sentencia deja claro que la prohibición de entrada al país durante tres años es propia de «una sanción administrativa impuesta como consecuencia de una concreta conducta».
El precepto, añade el TC, no respeta la exigencia constitucional de que toda sanción administrativa debe adoptarse a través de un procedimiento que respete los principios esenciales del artículo 24 de la Constitución, que son el derecho a asistencia letrada y a la presunción de inocencia.

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