El enfrentamiento entre los gobiernos vasco y central por el abono de la paga extra de Navidad a los funcionarios públicos subió ayer un peldaño más. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, mantuvo que la decisión del Ejecutivo de Patxi López de ingresar el próximo 20 de diciembre la paga de Navidad en las cuentas de sus 67.000 funcionarios, en contra del criterio del decreto ley aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, «es ilegal y por tanto será recurrida ante el Constitucional». Cumple así la advertencia que lanzó el miércoles el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al lehendakari en funciones, y deja en manos del Alto Tribunal la última palabra sobre este contencioso.
Beteta se mostró contundente. «Es una norma básica y afecta a todo el territorio nacional. Debe aplicarse en las diecisiete comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos, así como en la administración general del Estado». Añadió que obliga a que este año no exista esa paga extra. Quiso dejar bien claro, además, que se podrá acusar de un delito de prevaricación tanto al Gobierno autónomo como al gestor de personal que incumpla el decreto ley.
El secretario de Estado señaló que el funcionario que tomara la decisión de hacerlo «será sujeto a juicio del Gobierno» y «se le exigirá una responsabilidad» teniendo en cuenta el artículo 404 del Código Penal, «que lleva aparejado una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años». El Gobierno Vasco anunció el miércoles que la directora de Función Pública firmó la orden para librar la partida presupuestaria destinada a abonar el extra en las cuentas de los empleados públicos.
En otro aviso al Ejecutivo de Vitoria, Beteta también resaltó que «no cabe escudarse en ninguna norma de otra naturaleza para poder esquivar el cumplimiento de la ley». En esta tesis se escudaron fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montero para indicar que es «falso» el argumento esgrimido por el Gobierno Vasco en funciones para defender su postura, que los Presupuestos de 2012 contemplaban la partida de 207 millones para abonar la extra y que para suprimirla se debería haber modificado la ley presupuestaria en el Parlamento Vasco, algo que consideraron inviable ya que el lehendakari anunció la disolución de la Cámara para convocar las elecciones de octubre.
La postura de Hacienda fue defendida ayer por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, quien consideró que el Gobierno de López «vulnera la Legislación Básica del Estado».
Defensa del Gobierno Vasco
Mientras, fuentes del Gobierno Vasco manifestaron a este periódico que el anuncio realizado por el secretario de Estado no les ha sorprendido, ya que preveían la posibilidad de que el Ejecutivo central recurriera ante el Constitucional tras la advertencia lanzada por Hacienda el miércoles. «Estamos muy tranquilos, ya que no hemos cometido ninguna ilegalidad y solo estamos defendiendo nuestras competencias». Recordaron que el gabinete de López también ha recurrido ante el TC el decreto ley del Gobierno de Rajoy para reducir el déficit público, que incluye la prohibición de abonar la extra de Navidad a los funcionarios públicos. Subrayaron, además, que el Parlamento Vasco aprobó un acuerdo que contempla que los funcionarios tendrán catorce pagas al año. Minimizaron el riesgo de consecuencias penales para la gestora de personal por ordenar el abono.
La consejera de Educación, Isabel Celaá, hizo hincapié en que «de ninguna manera» se puede acusar a su Ejecutivo de prevaricación. «Nos hemos movido en la seguridad jurídica», resaltó. Insistió en la tesis de su gabinete de que para cumplir la orden de Rajoy «se debía modificar la Ley de Presupuestos y la Diputación Permanente de la Cámara de Vitoria no tiene capacidad para hacer leyes». Recordó al Gobierno central que «los tribunales dirimen las diferencias cuando hay discrepancias», pero aclaró que al Constitucional se va «tras haber conversaciones entre las partes». El Constitucional deberá determinar sobre la supremacía de dos disposiciones con rango de ley, el real decreto del Ejecutivo de Rajoy y los Presupuestos vascos.
