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Hacienda advierte al lehendakari de que puede cometer prevaricación si paga la extra

POLÍTICA

Hacienda advierte al lehendakari de que puede cometer prevaricación si paga la extra

El ministerio eleva el pulso con Vitoria y amenaza con recurrir la medida al Constitucional. El Gobierno Vasco se declara «tranquilo» y niega que su «fundamentada decisión» infrinja la legislación

29.11.12 - 01:07 -
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Hacienda advierte al lehendakari de que puede cometer prevaricación si paga la extra
Decisión del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, anunció el martes que se pagará la extra de Navidad. :: JESÚS ANDRADE
Un día después de que el Gobierno Vasco en funciones desvelara que abonará la paga extra de Navidad a sus 67.000 empleados, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas advirtió ayer al Ejecutivo de Patxi López de que con esa decisión puede incurrir en un delito de prevaricación. Junto a ello, amagó con presentar un previsible recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque lo relevante de la escueta nota hecha pública por el departamento de Cristóbal Montoro fue la mención al Código Penal para responder a la decisión del Gabinete López. Se eleva así el tono del pulso que mantienen desde hace meses el Ejecutivo vasco y el central a causa de los recortes y ajustes promovidos por el segundo, lo que ha dado lugar a media docena de impugnaciones pendientes de resolución ante el TC. El nuevo rifirrafe se produce, además, cuando el actual lehendakari socialista está a dos semanas de dejar el cargo.
El Ministerio de Hacienda hizo público un comunicado en el que afirmó que si el Gobierno Vasco aprueba una resolución o disposición a favor de abonar la paga de diciembre, podrá recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional. Consideró que podría producirse un «incumplimiento de una normativa básica estatal», en referencia al real decreto ley aprobado por el Gobierno de Rajoy el pasado 13 de julio para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. «Adoptar una decisión de estas características, obviando la normativa básica de aplicación directa y prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a aquélla (...) supone una clara vulneración del orden constitucional», asegura el texto de Hacienda.
La víspera el Ejecutivo de López había dado casi por descontada la posibilidad de que Madrid acuda al TC. De ahí que lo más llamativo de la nota difundida por el departamento de Montoro es la advertencia de que tanto quienes han tomado la decisión sobre la extra como «los órganos de personal» que la abonen podrían incurrir en prevaricación. El ministerio recuerda que esta figura, tipificada en los artículos 404 y 446 del Código Penal, consiste en «dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo por parte de autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia». Está castigado con penas de siete a diez años de inhabilitación para cargo público.
Sin embargo, horas antes del aviso del Ejecutivo central, la directora de Función Pública del Ejecutivo de Vitoria firmó la orden para librar una partida presupuestaria de 207 millones de euros destinada a abonar la paga. Según informaron anoche fuentes del Gobierno Vasco a este periódico, se realizó a través de la tradicional aplicación informática que se utiliza todos los meses para el abono de los salarios a los empleados del Ejecutivo de Vitoria. Agregaron que los funcionarios verán ingresada la extra navideña en sus cuentas el 20 de diciembre.
«Una decisión política»
Ante la nota hecha pública por Hacienda, indicaron que el Ejecutivo de López está «muy tranquilo». «No existe ningún tipo de prevaricación; se habría producido, en todo caso, si no abonáramos la paga extra a los funcionarios». Aseguraron que la medida está «fundamentada jurídicamente y no es arbitraria». «La decisión del Gobierno Vasco fue política. No hay un hecho normativo que pueda dar lugar a un delito de prevaricación», explicaron los mismos medios. Recordaron, además, que la postura del Ejecutivo está respaldada por un informe jurídico que constata cómo los Presupuestos de 2012 contemplaban la partida de 207 millones para abonar la extra de Navidad y que para suprimirla se debería haber modificado la ley presupuestaria en el Parlamento Vasco, algo inviable ya que el lehendakari López anunció la disolución de la Cámara en agosto para convocar las elecciones autonómicas en octubre.
Tras incidir en que en el trasfondo de este asunto está un «conflicto de competencias», las fuentes consultadas acusaron al Gobierno de Rajoy de promulgar un real decreto que «excede» prerrogativas propias del Estatuto de Gernika, y al Ministerio de Hacienda de pretender únicamente «meter miedo». «¿Va a impugnar el pago de 67.000 nóminas?», se preguntaron.
Ante este panorama, una de los escenarios más probables será que el Constitucional deberá pronunciarse sobre la supremacía de dos disposiciones con rango de ley, el real decreto del Gobierno central y los Presupuestos vascos. Se da la circunstancia de que una semana antes de que la paga de Navidad sea abonada a los empleados del Gobierno Vasco está previsto que sea investido en el Parlamento de Vitoria el jeltzale Iñigo Urkullu como nuevo lehendakari, por lo que aunque éste quisiera modificar o revocar la decisión de su antecesor no dispondría de tiempo material para hacerlo.
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