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La reforma laboral trae más despidos, rebajas salariales y aumentos de jornada

EL NUEVO MERCADO DE TRABAJO

La reforma laboral trae más despidos, rebajas salariales y aumentos de jornada

17.06.12 - 03:18 -
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El 13 de febrero figura en rojo en el calendario de muchos trabajadores y no por ser festivo precisamente, sino porque ha marcado un antes y un después en las relaciones laborales. Ese día entró en vigor la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy, una normativa aprobada por decreto ley que introducía cambios profundos en la regulación del mercado de trabajo. Aunque en el trámite parlamentario se han incorporado algunas modificaciones que, según los sindicatos, «empeoran aún más» la legislación, la reforma está dejando ya su huella en estos cuatro meses de aplicación.
Para los sindicatos vascos, las consecuencias están siendo muy claras. Señalan que las empresas están planteando una aplicación «generalizada» de uno de los apartados que permite la reforma, como es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Una cuestión que conlleva propuestas de reducción salarial y de aumentos de jornada y que, en algunos casos, van ligadas a despidos, apuntan. Algo que constata el Gobierno Vasco con los EREs que se han presentado hasta mayo.
Sin embargo, Adegi defiende que la reforma «no ha traído cambios», ya que «no ha supuesto ni más despidos ni tampoco la reducción de sueldos, salvo en aquellos casos que se ha hecho por necesidad». Eso sí, admite que sí está teniendo una consecuencia inmediata en la negociación colectiva, que está bloqueada. Algo en lo que coinciden las centrales, aunque unos y otros se echan mutuamente la culpa de la situación.
La viceconsejera de Empleo del Gobierno Vasco, Sonia Pérez, pone cifras a las declaraciones de los sindicatos. Constata que desde que entró en vigor la reforma ha aumentado el número de expedientes de regulación de empleo (ERE), sobre todo los que llevan aparejado despidos.
Así, entre febrero y mayo se han presentado 466 EREs más que en el mismo periodo del año pasado, al notificarse 930 frente a los 464 del ejercicio anterior. Una tendencia que se había iniciado en los dos últimos meses del año pasado y que es achacable al deterioro económico, pero que se ha acentuado, como indica Sonia Pérez, tras la entrada en vigor de la reforma laboral.
Es más, la viceconsejera de Trabajo remarca, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, que dicho incremento se constata sobre todo en los EREs de extinción. Así, apunta que en abril se llegó al pico de 18 expedientes de rescisión, una cifra que, desde 2009, solo se había alcanzado en diciembre del año pasado. En cualquier caso, en marzo se presentaron nueve, los mismos que el año pasado, y en mayo han llegado a quince, frente a los siete del mismo mes de 2011. En cuanto al número de trabajadores afectados, la cifra es también muy superior a la registrada en los mismos meses del ejercicio anterior. En concreto, se han visto afectados 616 trabajadores más, lo que supone un incremento del 150%.
Pero según indica la viceconsejera, lo más novedoso es que dichos expedientes van acompañados de reducciones salariales y de aumentos de jornada, algo que no ocurría hasta ahora. «Es decir, los EREs combinan al mismo tiempo medidas de flexibilidad externa -ajustes de plantilla- con medidas más propias de flexibilidad interna -modificaciones de condiciones de trabajo-».
En su opinión, es el resultado de una reforma laboral que «sitúa en el mismo plano de igualdad la flexibilidad interna y externa», de modo que «al no dar una clara preferencia a la interna como mejor instrumento de gestión para adaptarse a la situación de mercado, muchas empresas optan por rescindir contratos combinándolos con las rebajas salariales y los aumentos de jornada».
Pérez remarca que la rescisión «debe ser la última medida a aplicar» y que precisamente éste era uno de los aspectos que comprobaba la autoridad laboral antes de la reforma, ya que su papel iba más allá de la autorización o no de los EREs. «Vigilaba el cumplimiento de los aspectos técnicos y normativos, pero también tutelaba el periodo de negociación, comprobada si la causa estaba justificada y era razonable la medida planteada, entre otras cuestiones. Todo ello con el objetivo claro de defender la viabilidad de las empresas con el mayor número de empleos posibles».
El papel de la autoridad laboral
Por lo tanto, afirma que el papel de la autoridad laboral era ser el garante público del proceso, imparcial, y contribuía a desbloquear situaciones de conflicto laboral, apelando al diálogo y a la transparencia. Apunta que «ahora ese papel recaerá en los jueces» y que a la autoridad administrativa le queda «únicamente el tutelaje» para que se cumplan todos los requisitos legales.
Este aspecto es el que está haciendo, según la viceconsejera de Empleo, que «los empresarios traten de agotar al máximo las negociaciones» con los trabajadores intentando llegar a acuerdos, para evitar posibles judicializaciones, «concediendo incluso indemnizaciones máximas», remarca. De hecho, recuerda que el porcentaje de EREs acordados se sitúa en el 90% en mayo, en línea con los meses precedentes.
Precisamente, la eliminación de la autorización administrativa previa para los EREs conllevará, según los sindicatos, una mayor judicialización, ya que tras el periodo de consultas con los trabajadores, que se limita a quince días, al empresario le basta con notificarlo al Instituto Nacinal de la Seguridad Social (INSS) y lo único que queda es recurrirlo. «Por ello, aquellos que no han sido consensuados tienen muchas posibilidades de acabar judicializados», remarca Maribel Ballesteros, secretaria de Acción Sindical de UGT.
Joseba Villarreal, responsable de Negociación Colectiva de ELA, recuerda que la central nacionalista ya auguró que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo iba a ser la «estrella de la reforma», ya que «su objetivo es que trabajemos más por menos dinero».
Así, asegura que las propuestas de reducción salarial y aumento del tiempo de trabajo «no está siendo algo anecdótico», sino que se están planteando «en todos los sectores y tipos de empresa». Propuestas, explica, que van ligadas en muchos casos al despido de algunos trabajadores. «Es el pan nuestro de cada día y eso se debe a que se trata del instrumento más rápido que ofrece la reforma a los empresarios».
Los planteamientos más habituales que se realizan, según la central, son bajadas de sueldo del 15% y aumentos de la jornada de 40 horas. En algún caso extremo están planteando una reducción salarial del 50%. Pero lo más preocupante para ELA es que «se está realizando con el chantaje de los despidos; te dicen que o aceptas eso o echamos a 60».
Pero en otros casos, la reducción salarial va acompañada directamente por un ERE de rescisión. Pone como ejemplo una empresa de Tolosa, que plantea un 15% de bajada salarial y 16 despidos. «De este modo quieren pagar las indemnizaciones con lo que se ahorran en salarios».
Oihan Ostoloza, secretario para Política de Empleo de LAB, comenta que un ejemplo claro de estas políticas empresariales se está viendo en empresas con conflictos laborales activos como las guipuzcoanas Corrugados Azpeitia o Alfa.
Javier López Irisarri, responsable de Negociación Colectiva de CC OO de Euskadi, también incide en este aspecto y remarca que se está produciendo en sectores tan diversos como el Metal, Químicas, Seguridad Privada y hasta en Servicios.
Desde UGT, Maribel Ballesteros añade que hay un «goteo constante», y sobre todo en las pequeñas empresas, donde el control sindical es más difícil.
Según Irisarri, algunas empresas también están proponiendo la movilidad geográfica amparándose en las facilidades que otorga la reforma, y en algún caso hasta unos «extremos que podrían calificarse de despido encubierto».
«Malas perspectivas»
La visión sobre el impacto real de la reforma es totalmente contraria por parte de Adegi. Su responsable de Negociación Colectiva, Juan Ramón Apezetxea, indica que «no ha traído por el momento cambios significativos en el día a día» de las empresas guipuzcoanas, como pueden ser reducciones salariales o el aumento de los despidos aprovechando las facilidades que otorga la misma. «Otra cosa es que las empresas tengan pensado que la reforma tiene esas posibilidades». Admite que hay consultas por parte de las empresas al servicio de asesoría jurídica de Adegi, pero indica que «es más por tener información de cómo ha quedado la reforma que por la intención de aplicarla».
Señala que algunas empresas se han planteado algunas cuestiones, «pero más por necesidad, por su situación económica, que se ha visto agravada con la recesión, que con la intención de aprovechar la normativa». En ese sentido, recuerda la mala situación que están atravesando muchas empresas del territorio y con unas «perspectivas que no son nada halagüeñas debido a la debilidad de la demanda interna y a la ralentización de la externa».
Adegi ha defendido desde el principio las bondades de una reforma que otorga a los empresarios, entre otras cuestiones, «una mayor flexibilidad para poder adecuarse a las necesidades del mercado y poder competir en igualdad de condiciones con los competidores externos».
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Una de las manifestaciones que se realizaron en la huelga del 29-M contra la reforma en Euskadi. ::SOLORZANO

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