«En la causa no obra absolutamente ningún testimonio ni declaraciones de imputados que involucren de algún modo a Cristina Federica de Borbón y Grecia en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres». Tajante, pero no definitivo. El juez del caso Nóos, José Castro, rechazó ayer la petición del sindicato Manos Limpias de llamar a declarar como imputada a la infanta.
Con la misma firmeza también apuntó que no lo descarta si en el futuro surgieran pruebas contra la hija del rey. «Conviene dejar bien claro» que el objetivo de la resolución no es «emitir un juicio de probabilidad con pretensiones de permanencia sobre la responsabilidad que haya podido o no contraer Cristina de Borbón en relación con la actividades de su marido», explica el juez en su escrito, en el que asegura que llamaría a la infanta si hay datos sobrevenidos de su implicación en la causa.
Castro señala que para citar a Cristina de Borbón u otra persona como imputada hay que tener «indicios previos» y «racionales» y no «elucubraciones, por mucho que éstas puedan ser compartidas por un número más o menos amplio de personas».
El instructor analiza de manera pormenorizada el papel de la infanta en este sumario, y en particular su presencia en Nóos, como vocal, y en Aizoon, como copropietaria. Para el juez, el hecho de que la esposa de Iñaki Urdangarin participara en la dirección del instituto «sin ejercer en el mismo funciones ejecutivas» no prueba que tenga «responsabilidad criminal». Solo podría ser imputada, apunta, si las decisiones en Nóos se hubieran tomado «colegiadamente y con el voto a favor de Cristina de Borbón». Algo que, en su opinión, no ocurrió porque la «única dirección» del instituto era la «bicéfala», esto es Diego Torres e Iñaki Urdangarin, eso sí «con el asesoramiento de otras personas» entre las que no estaba la hija del rey.
Recuerda además que nadie vio «merodear» a la infanta por Nóos o «expresar sus criterios» para dirigir el instituto que supuestamente se enriqueció con fondos públicos.
Aizoon
En el caso de Aizoon, la empresa familiar desde la que el duque supuestamente desvió a su bolsillo decenas de miles de euros de Nóos, la situación es similar, de acuerdo al análisis que hace Castro. La infanta era propietaria, pero no gestora, y nadie le informó de las cuentas. Considera el instructor que es «escasamente probable que, siendo Urdangarin y su esposa los únicos partícipes» de Aizoon, celebraran entre ellos «algo que formalmente se pareciera a una junta ordinaria o extraordinaria» en el que el imputado relatara a su mujer oficialmente las actividades de la empresa bajo sospecha.
El mismo razonamiento utiliza para las cuentas de Aizoon. Aunque apareciera la firma de la infanta, hecho que aún no se ha constatado, «son otras personas las encargadas de la elaboración de la cuentas», exculpa el instructor, que insiste en que «la sola plasmación de la firma ningún reproche penal conllevaría».
Que hubo «gastos personales» del matrimonio que se cargaron a Aizoon ofrece poca duda para el instructor, habida cuenta de la infinidad de correos electrónicos en los que se apunta a esta práctica. Pero, según el juez Castro, no hay pruebas de que estas irregularidades se hicieran con la connivencia de la duquesa de Palma. «No existe absolutamente ningún 'mail' en el que figure como remitente o destinataria Cristina de Borbón», apostilla. Tampoco hay irregularidad en que ella participara de manera «activa y decisiva» en la remodelación del inmueble de Pedralbes con dinero de Aizoon. El juez no ve «base de delito fiscal» en esa reforma porque la casa del matrimonio fue también sede de la empresa.
Para el instructor tampoco el «incremento de nivel de vida del matrimonio» es un indicio de que la hija de los reyes estuviera al tanto de las supuestas prácticas ilícitas de su marido. El aumento del dinero en las cuentas, argumenta, «no fue tan sorpresivo como en aquellos casos que se pasa de la modestia a la opulencia». Recuerda que la pareja tenía desde antes alto nivel de vida, tanto por el trabajo de la infanta en La Caixa como por las «aportaciones de la Casa Real por la intervención del matrimonio en actos públicos», así como por los «sustanciosos ingresos» de Urdangarin con empresas que no son objeto de investigación.
Solo hay un reproche del juez a la infanta dentro de relato exculpatorio de quince páginas, su «intervención» en la «contratación» del servicio doméstico, un matrimonio de ciudadanos rumanos, cuyos sueldos fueron cargados a Aizoon. Establece que sí que hay indicios, declaraciones de testigos, de que Cristina de Borbón pudo cometer algunas irregularidades, que, en todo caso, serían «infracciones laborales o de infracciones administrativas de repercusión fiscal».
En el mismo auto, el juez rechaza, también por el momento, el careo entre Urdangarin y Torres, por precipitado. Entiende que hasta que este último no declare de nuevo ante el juez no habría con qué comparar el interrogatorio del duque, ya que sus anteriores declaraciones, ante la Policía en noviembre de 2011 y ante Castro en julio de 2011, se han quedado obsoletas.
