El presidente del Gobierno devolvió ayer a la izquierda abertzale la pelota de la responsabilidad del desarme de ETA. Mariano Rajoy despachó en un minuto y medio el primer debate parlamentario en años en el Congreso entre el PP y la coalición independentista sobre el problema vasco. Fue una respuesta corta pero al menos Rajoy accedió a replicar la primera pregunta que llevaba Amaiur al pleno de control, lo que había levantado cierta expectación. «Ponga en juego toda su influencia, si es que la tiene, para que quienes sostienen esa amenaza armada se disuelvan inmediata, voluntariamente y sin ninguna condición», respondió Rajoy al portavoz soberanista, Xabier Mikel Errekondo, que había interpelado al Ejecutivo sobre sus intenciones para resolver el «conflicto político vasco».
El debate llegó, además, tan sólo 24 horas después del acuerdo sin precedentes en el Congreso entre PP, PSOE, PNV y CiU para facilitar a Rajoy una gestión flexible del final del terrorismo. Un texto que permite al Gobierno salir del inmovilismo y entrar en una administración inteligente del nuevo escenario vasco. Pero con su respuesta a Amaiur, el presidente quiso dejar sentado que será él quien marque los ritmos, no la izquierda abertzale. Ésta es una cuestión clave en la estrategia antiterrorista de los populares ante la creciente presión de la formación independentista para que el Ejecutivo mueva ficha en política penitenciaria y pacte con ETA una estrategia de desarme, como ayer le volvió a reiterar Errekondo desde la tribuna de oradores.
En su respuesta, Rajoy insistió en que la obligación de su Ejecutivo es utilizar todos los instrumentos legales para asegurar la «total desaparición» de ETA y hacer que sus miembros «respondan individualmente ante la justicia».
Rajoy, que en sus dos meses en Moncloa apenas se ha prodigado en declaraciones sobre el final de la violencia en Euskadi, replicó al portavoz independentista que, por lo que atañe al Gobierno, «el único conflicto sin resolver en el País Vasco» es el de «una banda terrorista que ha anunciado el cese de sus crímenes pero que no se ha disuelto». Fue en este punto en el que el presidente endosó a Amaiur la responsabilidad de lograr que la organización armada se deshaga de sus armas definitivamente. Mientras, el papel del Ejecutivo será «hacer lo que todo el mundo espera que haga, que es cumplir con la legislación vigente», concluyó un Rajoy que utilizó mucho menos tiempo que el empleado por Errekondo para plantear su pregunta en la sesión de control.
Desarme y salida de las FSE
Por tanto, el presidente del Gobierno evitó entrar al debate de las iniciativas planteadas por Errekondo, como la legalización de Sortu, garantizar el «desarme» decidiendo los «aspectos técnicos» para la entrega de las armas, o planificar la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) del País Vasco, la zona de España «con mayor densidad de cuerpos armados».
Al mismo tiempo, el portavoz de Amaiur subrayó el «total compromiso» de la coalición abertzale con «las víctimas y los presos», y pidió que se haga el «cien por cien de la memoria», escribiendo «la verdad completa» del conflicto mediante la suma de las «verdades parciales». En este sentido, reclamó una comisión de víctimas para que se haga el «reconocimiento» de todas ellas y se facilite la «reparación y la reconciliación».
Tras la respuesta de Rajoy a Amaiur, el acuerdo entre partidos alcanzado la víspera para gestionar el final de ETA ocupó los principales corrillos. El pacto que sirvió para frenar la moción de UPyD en favor de la ilegalización de Bildu y Amaiur ha provocado distintas reacciones, también en los sectores encuadrados en el ala más ortodoxa del PP. El europarlamentario vasco Carlos Iturgaiz, por ejemplo, se alineó con las posturas de UPyD y sostuvo que Amaiur «debería estar ilegalizada hace mucho tiempo». En la misma línea, el expresidente del PP catalán, Alejo Vidal-Quadras, agregó que el Gobierno tiene «la obligación de explorar todas las posibilidades para ilegalizarles».
El histórico acuerdo también ha reabierto el enfrentamiento entre el PNV y la izquierda abertzale. El jeltzale Josu Erkoreka aseguró en Telecinco desconocer «qué ha ocurrido» para que Amaiur haya sufrido «un berrinche inmenso». Por contra, el dirigente Rufi Etxeberria acusó a los peneuvistas de incumplir su promesa de no participar en acuerdo que excluyan a nadie, y descalificó el acuerdo del Congreso porque «no va a la raíz» del problema ni plantea una «hoja de ruta a un proceso de soluciones».
