El Gobierno comenzó ayer a modular su estrategia para la gestión del final del terrorismo. Y lo hizo nada menos que en el Congreso y por boca del ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz admitió, en un gesto inédito en el PP, que ETA representa hoy más un problema «político» que policial. «ETA hoy en día no es sólo un problema fundamentalmente policial sino que tiene una dimensión política que no podemos obviar, por lo que hay que actuar con prudencia, inteligencia y eficacia», señaló el titular de Interior en la Cámara ante una interpelación de la parlamentaria Rosa Díez (UPyD).
Como la frase quedó demasiado gruesa y abierta a distintas interpretaciones, fuentes del PP matizaron las palabras de Fernández, aunque sin restarle un ápice de trascendencia. El Gobierno y los populares creen que la extrema «debilidad operativa» de la organización terrorista provoca que ahora el principal quebradero de cabeza para el Ejecutivo, según los medios consultados por este periódico, sea la existencia de una marca política legal de la izquierda abertzale con el suficiente empuje social como para condicionar el futuro Parlamento Vasco. Es decir, desaparecida la amenaza terrorista, el Ejecutivo debe afrontar las «consecuencias políticas del cese de ETA» bajo la filosofía de «saber convertir esa derrota policial en una victoria política de todos los demócratas, no del mundo que ha jaleado el terrorismo durante todo este tiempo», en palabras del propio ministro.
Fernández Díaz se vio obligado a desvelar algunas de sus cartas ante la presión de Rosa Díez, que pidió al Gobierno que actúe para ilegalizar Bildu y Amaiur, las dos coaliciones en las que, junto a otros partidos vascos, está integrada la izquierda abertzale. En la respuesta a UPyD, partido que se opone a cualquier gesto hacia el mundo de Batasuna o hacia ETA, el ministro comenzó a exhibir la mano izquierda que pretende aplicar el Gobierno del PP si observa, a su vez, avances en la izquierda abertzale o la propia banda. Y casualidad o no, este primer movimiento del Gobierno se produce 24 horas después del encuentro entre Rajoy el líder de los populares vascos Antonio Basagoiti, abanderado de la teoría de combinar la firmeza y la flexibilidad en esta cuestión.
«Hay que saber gestionar la nueva situación de ETA y actuar no como cuando estaba en plena capacidad operativa, asesinando, aterrorizando y extorsionando, sino como está ahora, diezmada, derrotada por el Estado de Derecho y habiendo hecho la declaración del cese definitivo de su actividad armada». La respuesta de Fernández Díaz motivó un enfado monumental de Díez. «Esperar es una decisión política, una cobardía; no espere, actúe», tronó la portavoz de UPyD, quien además reprochó al Gobierno que no utilice todos los instrumentos para combatir a «los enemigos del Estado de Derecho».
Futuro de Sortu
El futuro de Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional a su recurso de amparo, se antoja, por tanto, como el siguiente escollo por resolver. El ministro ya anunció ayer que el Gobierno seguirá el camino que le marquen los jueces en este asunto. Tras la interpelación, fuentes del Gobierno insistieron en que instar la ilegalización de Bildu y de Amaiur mientras el TC no modifique su doctrina no sería prudente, más aun teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones vascas, ante las que la izquierda abertzale está buscando reforzar su legitimidad. Una postura que contrasta con la actitud beligerante que mantuvo el PP frente al anterior Gobierno para que instara a la ilegalización de las coaliciones electorales soberanistas.
La sentencia parece más cerca después del acuerdo de ayer entre el presidente Rajoy y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para renovar el alto tribunal. La incógnita radica en si los magistrados se basan en el precedente favorable a Bildu y Amaiur, y aceptan como condicionante favorable el cese definitivo del terrorismo de ETA.
El PP no respaldará, por tanto, la iniciativa de UPyD y se limitará a plantear una moción alternativa que tratará de negociar con el PSOE y el PNV, en la línea de instar al Gobierno a seguir vigilando a Bildu.
Mientras, Fernández Díaz precisó ayer que el Ministerio del Interior tiene datos que avalan que la banda no cometerá ningún atentado al menos antes de las elecciones autonómicas vascas de 2013. El consejero vasco de Interior, el socialista Rodolfo Ares, volvió a ir más allá y afirmó que «ETA no se está preparado para cometer actividades terroristas» y sigue cumpliendo su anuncio de cese de sus actividades.
Ares precisó que ETA tiene una infraestructura para mantenerse en la clandestinidad y sigue haciendo algunas actividades ilegales como el robo de matrículas, pero insistió en que, por la información que él tiene, todo apunta a que «no se está preparado para cometer actividades terroristas».
Amaiur se ofrece
Por su parte, Amaiur se agarró ayer a las palabras del ministro del Interior para invitar al PP a «tejer complicidades». El portavoz de la coalición soberanista en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, resaltó su coincidencia con el Gobierno del PP en la necesidad de trabajar la dimensión política para resolver el «conflicto vasco» de la mano de «todos los agentes implicados en la búsqueda de la paz».
Preguntado sobre si aprecia algún cambio en la postura del Gobierno central a raíz de las palabras del titular de Interior, Errekondo precisó que sigue viendo al PP «solo y debilitado» e intentando «recuperar la iniciativa política en el País Vasco». A su juicio, los populares se equivocan en su estrategia de trabajar únicamente con el PNV y el PSE-EE porque «la izquierda soberanista que obtuvo la mayor representación en Euskadi en las últimas generales», también debe ser partícipe del proceso abierto tras el cese de la actividad armada decretado por ETA.
