Fue un incendio de proporciones dantescas, una «tragedia nacional». Al menos 375 presos murieron y otros 70 resultaron heridos en la hacinada prisión hondureña de Comayagua, que durante la noche del pasado martes fue pasto de las llamas por causas que ayer aún no habían quedado aclaradas. Algunas fuentes contabilizaron un centenar de personas desaparecidas, que en algunos casos se trata de internos que aprovecharon el caos para darse a la fuga. El Gobierno hondureño suspendió provisionalmente a todos los responsables de las penitenciarías del país, incluidos los de Comayagua, a quienes una excomisionada de la Policía acusó de haber incurrido en un delito penal por no prestar auxilio a los presos.
El Ejecutivo ha abierto una investigación sobre el siniestro, que convirtió las celdas en un infierno en el que quedaron atrapados los internos, muchos de ellos pequeños delincuentes a la espera de sentencia. Cientos de familiares pasaron las horas aferrados frente al recinto, sumidos en la desesperación, y llegaron a enfrentarse con la Policía para reconocer a sus deudos, que murieron calcinados o asfixiados.
El fuego comenzó a las 22.50 horas (madrugada española) en una granja-penal situada a 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y a cinco de la base aérea militar estadounidense de Palmerola. Las causas de la tragedia -un cortocircuito o un motín- no habían sido determinadas, si bien circuló una noticia según la cual un preso telefoneó a la gobernadora de la provincia de Comayagua, que había trabajado anteriormente en la penitenciaría, para avisarla: «Le voy a meter fuego a esto y vamos a morir todos».
Los bomberos se vieron impotentes para sofocar las llamaradas. Alegando motivos de seguridad, se negaron a entrar hasta que dejaron de escucharse disparos, una reacción que ha desatado fuertes críticas sobre los servicios de emergencia. Un preso superviviente, Rubén García, ofreció un relato terrible sobre lo que vio dentro de la cárcel: «Cuando empezó el fuego les gritamos a los que tenían las llaves, pero no quisieron abrir, más bien nos hicieron disparos; unos se tiraron por la parte de arriba y por eso se fracturaron».
El recluso Silverio Aguilar se encontró, sin embargo, con otro funcionario que, al parecer, no perdió los nervios: «De repente alguien gritó 'fuego, fuego, fuego' y sentí miedo. En la celda pidieron auxilio. Por un rato nadie nos hizo caso, pero después de unos minutos, que se nos hicieron eternos, un guardia apareció y nos abrió el portón de la celda, que estaba con candado».
«Que se nos diga la verdad»
Josué García, portavoz del Cuerpo de Bomberos, informó de que «unos 100 prisioneros murieron calcinados o asfixiados dentro de sus celdas, que estaban aseguradas con candados. Lamentablemente no pudimos sacarlos por no tener las llaves a mano y no hallar al guardia que las portaba».
Los parientes de las víctimas exigieron al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que depure responsabilidades. Albertina Carranza, madre de un preso, exigió «por favor, que se nos diga la verdad», ya que días atrás se habían denunciado caídas de tensión en la red eléctrica. No obstante, el director de Centros Penales, Danilo Orellana, señaló que, posiblemente, «un recluso habría incendiado su colchón. Algunos compañeros de celda dijeron que él gritó 'aquí nos moriremos todos'; y en cinco minutos todo ardió». Orellana negó que se hubiera producido un motín.
A la espera de noticias, los nervios se desbordaron en la granja-penal. Madres, esposas con niños... La Policía utilizó gases lacrimógenos para impedir que el gentío inundara los patios de la cárcel a la busca de parientes vivos o muertos.
Porfirio Lobo pidió paciencia para identificar todos los cuerpos, tarea que podría prolongarse dos semanas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió un equipo de expertos para colaborar con las autoridades hondureña. Entre tanto, Lobo convocó un consejo de emergencia y prometió ayuda a las familias para que puedan oficiar los funerales y los entierros.
