El caso de la vivienda ocupada en la Parte Vieja y reconvertida en el 'gaztetxe Uxotegi', como precisaba un cartel en la entrada del inmueble, ha sido sobreseído de forma provisional por el Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián. La magistrada encargada del caso ha archivado las diligencias del sumario al entender que «no existen indicios suficientes» de infracción penal.
El auto emitido por la titular del órgano judicial - fechado el día ocho de este mes- se basa en dos argumentos. Por un lado, estima que «de las diligencias practicadas no aparece suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal» y que «se ha identificado a los ocupantes tan sólo en una ocasión, sin que conste que hayan ocupado el inmueble, pues de los atestados no se desprende así, sin que existan otros indicios delictivos». Por estas dos causas, acuerda el archivo provisional del caso, contra el que el abogado de la propietaria del inmueble, Patxi Lobato, ya ha interpuesto un recurso.
La resolución de la juez, que fue dada a conocer ayer por el edil de Bildu Axier Jaka, dejaría por el momento sin responsabilidad penal a los cuatro imputados en este caso, el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, acusado de intermediar entre los okupas y la policía municipal el día de los hechos -el 24 de septiembre- «haciéndose responsable de la ocupación», y los tres jóvenes identificados como ocupantes del inmueble de la calle Gaztelubide número 5.
Aunque la vía penal ha cerrado una puerta, el proceso civil ha seguido adelante con éxito. El Juzgado de primera Instancia nº 2 de Donostia ha estimado la demanda de desahucio por precario interpuesta por la propietaria, entendiendo que se acredita que hubo una ocupación y que la guardia urbana recibió instrucciones de no actuar por parte de Ibazeta. El fallo condena al colectivo Uxotegi a pagar las costas del procedimiento civil, que aunque aún deben cuantificarse, tienen como base el millón y medio de euros. Esta sentencia puede ser recurrida por los demandados.
Nuevas pruebas
En cuanto a la resolución penal, el abogado de la propiedad señaló ayer que trabaja en un recurso de reforma en el que propone nuevos medios de prueba, entre los que se encuentran la declaración de distintos representantes de la guardia municipal en distintos niveles de la cadena de mando, la de otros ocupantes del inmueble a los que todavía no se les ha tomado declaración, así como nueva documentación.
Lobato criticó que el auto está «escasamente fundamentado» y que ignora los atestados e incluso las declaraciones de los ocupantes vertidos en varios medios como la prensa o las redes sociales, «como Facebook (en referencia al blog creado por los ocupantes del inmueble sobre las actividades del 'gaztetxe')». También denuncia que la resolución es «totalmente contradictoria» con la que dictó el mismo Juzgado ordenando el desalojo, «sin que haya habido nuevos sucesos que lo justifiquen».
Pese a la resolución judicial, la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento y que trata de esclarecer la responsabilidad política del gobierno municipal en este caso, sigue adelante. Hay que recordar que en esta esfera está implicado además del secretario del alcalde, el propio regidor, Juan Karlos Izagirre, en parte por sus manifestaciones sobre este caso a favor de las iniciativas juveniles de disponer de locales autogestionados del barrio, pero también por su actuación en el teatro Bellas Artes, desalojado el mismo día en que se ocupó por el Movimiento 15-M, a diferencia de lo ocurrido con el inmueble de Gaztelubide.
La comisión de investigación, por tanto, sigue en pie. Pero el edil de Bildu, Axier Jaka, dio una vuelta de tuerca a la dirección de este foro al subrayar que, a la vista de la resolución judicial, aprovecharán la comisión para «esclarecer la actuación de la oposición en este caso» y «desnudar su intencionalidad política de actuar contra el gobierno». Subrayó que, en vista de la decisión de la jueza, la comisión aprobada a finales de noviembre «no debería de existir», pero que, pese a todo, asistirá a la misma hoy. «Vamos a demostrar que la actuación de Bildu fue para evitar mayores problemas y enfrentamientos, y buscar vías de intermediación y soluciones», dijo Jaka en referencia al papel que jugó el secretario del alcalde.
El miembro del gobierno de Bildu tuvo unas palabras para el portavoz socialista Ernesto Gasco y Ramón Gómez, presidente de la comisión de investigación y portavoz popular. Al primero le exigió que rectifique públicamente de «las acusaciones injustificadas» que vertió contra el alcalde, al que, según dijo acusó «de haber amparado actos ilegales».
Para la reunión de hoy, la segunda tras la del pasado día 9, Jaka exigirá la presencia de una persona «imparcial y objetiva» que garantice «la neutralidad» de los trabajos en la comisión, debido a que, a su juicio, el concejal del PP Ramón Gómez, «no es a todas luces una persona neutral».
