El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, respondió ayer en el Congreso que «hoy día» las torturas «no existen prácticamente», al ser preguntado por Amaiur si tiene la intención de aplicar las recomendaciones del Relator de la ONU contra la Tortura.
En la Comisión de Justicia celebrada en la Cámara baja para presentar la última Memoria del órgano de gobierno de los jueces, correspondiente a 2010, el diputado de Amaiur Iker Urbina interpeló a Dívar sobre las «numerosas actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado» que han quedado «impunes». «Hoy día creo que las torturas prácticamente no existen pero si éstas en algún instante se producen por algún exceso que puede ser, no de los jueces porque no hay denuncias de que los jueces hayan torturado, serán corregidas por la vía correspondiente», replicó Dívar. Expuso que ningún juez ha sido acusado y recordó que cualquier ciudadano puede denunciar estos hechos personándose como acción popular o como perjudicado para que los tribunales «esclarezcan la Justicia».
«Pertenece a los órganos del gobierno corregir a los agentes que hayan podido tener algún exceso y si fuese objeto de materia penal porque es presuntamente delictiva lo conoceríamos los tribunales, con los grados de defensa que todo el mundo tiene», indicó. También defendió que los culpables tienen derechos, entre ellos la presunción de inocencia, hasta que se alcance la «sentencia definitiva. Estamos haciendo procesos paralelos en los que se instruye, se procesa, se sentencia y se ejecuta».
Minutos antes, el diputado de Amaiur afirmó que «en la práctica» no todos los ciudadanos son «iguales ante la Justicia». En su opinión, la «Justicia española no es independiente ni es justa» cuando aborda casos de terrorismo. Respecto a las resoluciones con miembros de ETA procesados, el parlamentario de Amaiur consideró que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo «llevan al límite cualquier interpretación de lo que es una organización terrorista para detener a cientos de personas por realizar actividades políticas y sociales».
