Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme se reunieron con la ministra de Empleo para abordar la reforma laboral ya en vigor. Tras el encuentro, las centrales constataron con escepticismo que se había abierto un cauce de entendimiento, pero siguieron preparando la masiva movilización de protesta del domingo 19 de febrero, porque desconfían de que vaya a producirse alguna modificación de calado en la nueva norma.
Fátima Báñez ofreció llevar a cabo «una revisión completa» del texto, a realizar por grupos de trabajo, para plasmar los puntos de consenso en las enmiendas que las fuerzas políticas pueden introducir en el proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria. Según la responsable gubernamental, aunque la mayoría que sustenta al Ejecutivo es suficiente para garantizar la aprobación de la norma por las Cortes, «la apuesta por abrir una ventana al diálogo» es el reflejo del deseo de «introducir mejoras».
Los preparativos de las protestas sindicales, no obstante, ya están en marcha. «No a la reforma laboral injusta e inútil», será el lema de las movilizaciones que se celebrarán ese día. Ni Ignacio Fernández Toxo (CC OO) ni Cándido Méndez (UGT) quisieron admitir que las protestas pudieran desembocar en una huelga. «Hay que acompasar los movimientos a los objetivos y tomar el pulso a la sociedad», insistieron. Pero los dirigentes territoriales, en concreto los de Madrid, ya mencionan la paralización de la actividad entre las medidas a adoptar «contra una reforma que adopta el despido como única reacción frente a la crisis».
Los empresarios, que aprueban los aspectos esenciales de la iniciativa del Gobierno, no quisieron insistir en sus argumentos favorables a los cambios. Los autónomos, que se reunieron durante la tarde con la ministra, prodigaron los elogios a la reforma, que consideraron «una apuesta clara por las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo». Según Lorenzo Amor, de ATA, «las deducciones establecidas, que pueden alcanzar un importe de 9.000 euros, sumadas a la flexibilidad interna, pueden suponer un freno para el despido». Organizaciones como UPTA echaron en falta un tratamiento específico para el emprendedor y el autónomo, diferenciado del conjunto de las empresas con plantillas inferiores a los 50 trabajadores.
Inconstitucionalidad
Las centrales sindicales insisten en que aprecian indicios de inconstitucionalidad en varios puntos de la nueva norma. Destacan, entre ellos, la dualidad en el tratamiento dispensado a los trabajadores contratados por empresas de menos de 50 trabajadores, que podrán permanecer hasta 365 días «sin derecho a indemnización por despido», lo que supone una clara discriminación respecto al resto. Un periodo de prueba de un año, criticó el líder de CC OO Ignacio Fernández Toxo, no supone otra cosa sino un intento de maquillar la estadística de los contratos temporales, convirtiendo los estables en una «reliquia del pasado».
Los sindicatos también opinan que podría atentar contra los principios consagrados en la Carta Magna la posibilidad de que, si en la redacción de un convenio fracasan los términos acordados en la negociación colectiva, se pueda dictar un laudo obligatorio con participación de la administración. Para presentar un recurso de inconstitucionalidad se necesita el apoyo de 50 diputados y son pocos los grupos parlamentarios que pueden prestarlos.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, rechazó estas acusaciones. Y se esforzó en defender que el Gobierno respeta la autonomía de las partes. Por eso, explicó, la norma ha incorporado los elementos del acuerdo alcanzado entre sindicatos y organizaciones empresariales, que consagra, en la negociación de los convenios, procedimientos de solución extrajudicial de conflictos y un posterior arbitraje.
Pero la ministra aseveró que el Gobierno no podía quedarse ahí. De ahí el añadido de una instancia posterior, con descuelgue en los casos en que fracase la negociación bilateral. Consideró «una solución respetuosa» que una comisión tripartita, donde estarán presentes las administraciones, designe un árbitro que emitirá un laudo en el plazo de 25 días.
Las centrales instaron a las organizaciones empresariales a atenerse «en su integridad» a los términos del acuerdo de negociación colectiva. Prefieren confiar en el marco bilateral para todo aquello que se refiere a la modificación de las condiciones laborales (jornada, sueldo, descuelgues, horario).
El nuevo frente que se abre ahora para los interlocutores sociales es la negociación con las fuerzas políticas. En la reunión que los responsables de CC OO y UGT mantuvieron ayer por la tarde con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, constataron la coincidencia en el rechazo a los términos de la reforma. El líder socialista también denunció una ruptura del equilibrio en el mercado laboral donde, tras el decreto ley, «los empresarios ganan poder, y de qué manera».
No era el momento de concretar enmiendas, pero los dirigentes de las centrales evocaron que su alternativa ya está en el Parlamento, en el texto de la iniciativa popular que fue refrendada por un millón de firmas.
