Lokarri, red ciudadana por el acuerdo y la consulta, anunció ayer que su «principal línea de trabajo será contribuir a alcanzar consensos en la sociedad vasca para definir una hoja de ruta compartida que permita consolidar la paz», tras el anuncio del cese definitivo de las acciones violentas de ETA.
Lokarri explicó a través de un comunicado que este objetivo ha sido aprobado en la asamblea extraordinaria que celebró ayer en San Sebastián y en la que también decidió «difundir y reivindicar el contenido de la Declaración de Aiete», «promover y facilitar el diálogo tanto entre los partidos políticos como en el conjunto de la ciudadanía» y «presentar propuestas para el impulso del proceso de reconciliación social».
Esta red ciudadana considera que, de esta manera, «se concretará la voluntad de la sociedad vasca y se podrá presentar ante el Gobierno español una serie de propuestas reforzadas por la legitimidad otorgada por las instituciones, los partidos y el conjunto de la ciudadanía vasca».
La asamblea, la primera que este movimiento social celebra tras haber promovido la conferencia sobre el final del terrorismo celebrada el pasado octubre en San Sebastián, subrayó además su «deseo y esperanza de que el Gobierno entienda que es la propia ciudadanía vasca la que pide y necesita su contribución activa a la consolidación de la paz».
En su comunicado, Lokarri lamentó asimismo que el Gobierno se haya «embarcado en una espiral confusa de fijación de nuevas condiciones para cambiar la política penitenciaria o abrir contactos con ETA para tratar la cuestión del desarme».
En cuanto a la política penitenciaria, este movimiento considera que el Gobierno «está marcando un camino que conduce a la imposibilidad de lograr soluciones y que será muy difícil de desandar».
«Sus continuas apelaciones a la exigencia de que los presos tienen que pedir perdón para acceder a beneficios penitenciarios o, simplemente, para ser acercados a sus lugares de origen, están alejadas de los criterios de concreción y seguridad», opina Lokarri que mantiene que el Gobierno «debe clarificar a qué se refiere con esta exigencia de perdón».
Este colectivo lamentó asimismo la «absoluta indefinición» en la que, a su juicio, «se mueve» el Ejecutivo de Mariano Rajoy «en cuanto a las posibilidades de abrir contactos con ETA».
