La respuesta inicial de los sindicatos a la drástica reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno y que entra en vigor hoy mismo no ha sido un llamamiento a la huelga general, sino la convocatoria de una movilización masiva el 19 de febrero para exigir que se modifique. En la primera reacción oficial a los cambios del mercado de trabajo que el Ejecutivo ha impuesto por real decreto, los dirigentes de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, promovieron esta iniciativa tras juzgar con extraordinaria dureza un texto que, en su opinión, «va a aumentar el paro a corto plazo», al tiempo que «dinamita los derechos de los trabajadores» y «destruye el tejido productivo».
Las centrales rechazan de plano la reforma, pero son conscientes de que la sociedad, muy preocupada por la escalada del paro, aún se aferra a la confianza de que cualquier modificación pueda implicar una mejora, por mínima que sea. Por eso han optado por escalonar su respuesta: «la fecha de una huelga no nos la va a marcar el presidente del Gobierno», apuntaron al unísono. Y están dispuestos a negociar con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que les ha convocado para mañana, para intentar que en la tramitación parlamentaria de la norma se eliminen los puntos más negativos. «Vamos a dar al Gobierno la oportunidad de abrir un proceso de negociación», anunció Toxo.
Por eso las centrales convocan movilizaciones contra una reforma que consideran «de efecto letal» sobre el mercado de trabajo, y lo hacen con el objetivo «no de sacar gente a la calle, sino de modificar sus contenidos». «El grado de receptividad del Ejecutivo -que tiene mayoría en el Congreso para introducir los cambios- y la evolución de los acontecimientos determinarán posteriores actuaciones», dijeron los sindicalistas.
Para que las protestas tengan éxito, se intentará que todos los ciudadanos tomen conciencia de la nueva realidad. La profundidad de la crisis atemoriza a las personas y anestesia conciencias, y «el padre de familia -ejemplificó Méndez- debe saber que ahora le podrán despedir con una indemnización ridícula, pero que eso no llevará como contrapartida que su hijo vaya a abandonar la cola del desempleo porque los empresarios se disputen su contratación». Como mucho, «conseguirá un empleo precario y aún más desprotegido», porque la «radical» reforma impuesta por decreto no solo pone el foco en el despido libre, sino que supone un «enorme atropello» a los derechos adquiridos, y «no incentiva en absoluto la contratación», aseveró.
Movilizaciones en cascada
La primera fase de la respuesta sindical consistirá en explicar el impacto de los cambios. Esta próxima semana se convocarán asambleas en los centros de trabajo, así como encuentros con parados y jóvenes, y todo ello culminará en la convocatoria a los ciudadanos para salir a la calle a «clamar contra el recorte de derechos, de forma masiva», el próximo domingo. UGT ha convocado para mañana a las 16.30 una asamblea de delegados en el centro cultural Okendo de San Sebastián, donde Dámaso Casado, secretario general de UGT-Euskadi, y Toni Ferrer, secretario de acción sindical, explicarán las consecuencias de la reforma y su incidencia en Euskadi.
En segunda instancia, la movilización servirá de anticipo al llamamiento de la Confederación Europea de Sindicatos a manifestarse contra los ajustes en el Viejo Continente, en una jornada colectiva de protesta prevista el 29 de febrero.
Los representantes sindicales admitieron, en referencia a la posibilidad de una huelga general, que «se acompasarán las movilizaciones al estado de ánimo de la sociedad».
Los dirigentes denunciaron que la reforma laboral ha venido impuesta por la 'troika', integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, con la colaboración de Fedea, foro de análisis y debate promovido por el Banco de España, que calificaron de «fundación de los bancos». De las diez propuestas para una reforma laboral que enunciaron los expertos de Fedea, «solo se ha quedado fuera el contrato único». «Como si fuéramos Portugal, un país intervenido, los dirigentes españoles han renunciado a la autonomía y han aceptado un régimen de economía vigilada», denunciaron.
Tras la contundente actuación del Gobierno cabe intuir, sugirieron los sindicalistas, un mensaje a Europa para que flexibilice el cumplimiento del déficit. «Si Rajoy habló de medidas que le iban a provocar una huelga general, y el ministro de Economía se refirió a una reforma agresiva, sin duda estaban vendiendo la mercancía de unos sacrificios fuera de lo común». Pero según Toxo, la medicina puede matar al enfermo. Recordó que el presidente español ya ha admitido que el paro seguirá creciendo este año y se resigna a la entrada de España en una nueva y dura fase de recesión. «El Gobierno se habría instalado en la idea de los 6 millones de parados sin dar los pasos necesarios para impedirlo», denunció.
El dirigente de CC OO insistió en que la estrategia gubernamental «solo apuesta por el despido» al tiempo que «irrumpe como elefante en cacharrería en el acuerdo que alcanzaron patronal y sindicatos para la negociación colectiva». Confió en la «sensatez de algunas patronales» para seguir adelante con el entendimiento alcanzado.
En opinión de UGT, algunos puntos del real decreto pueden ser denunciados por inconstitucionales, porque «consagran la desigualdad de trato a personas en idéntica situación», dijo Méndez, quien alertó, además, de que «la paulatina desaparición de la clase media puede ser una de las indeseadas consecuencias de la reforma». «Es la clase trabajadora la que se va a ver afectada por la reducción de salarios, el aumento de las desigualdades y la rotación en los puestos de trabajo», observó.
Entretanto, ayer continuaron las reacciones a la reforma. El portavoz del PP en el Congreso, Antonio Alonso, reconoció la legitimidad de los sindicatos para convocar movilizaciones, pero precisó con ironía que «no se conoce el caso de que alguna manifestación haya creado un puesto de trabajo». Por ello invitó a los representantes sindicales a «tomarse en serio» el diálogo que el Gobierno emprenderá mañana con los interlocutores sociales.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunció el abaratamiento generalizado del despido por la fórmula del «todo a veinte». «Todos los contratos pasarán a tener esta indemnización», comentó, y añadió que «el abaratamiento del despido, junto a medidas como la oferta a los jóvenes de un año de contrato sin compensación por su salida, tendrá como única consecuencia el aumento del paro»
Reacciones vascas
Desde Euskadi, el Gobierno Vasco reiteró su rechazo a la reforma porque «responde únicamente a las exigencias»de los empresarios», según el consejero de Interior, Rodolfo Ares.
El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria advirtió que la reforma «no va a crear más empleo» y que «para resistir, las empresas lo que necesitan es financiación, no destruir más puestos de trabajo».
La primera contestación en la calle fue protagonizada por las fuerzas que integran Amaiur (izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar), que ayer se manifestaron en las capitales vascas en contra de las medidas económicas del Gobierno y pidiendo «un marco de soberanía política y económica plena para Euskadi para poder hacer frente a la crisis».
