La Universidad del País Vasco (UPV) ha iniciado un proceso de ajuste económico obligada por las medidas del Gobierno central para disminuir el gasto público, las iniciativas de ahorro con los funcionarios que ha impuesto el Ejecutivo de Patxi López y la rebaja en sus propios presupuestos. Los recortes han desatado una batalla interna entre el Rectorado y todos los sindicatos representados en la institución académica -Stee-Eilas, ELA, LAB, UGT, CC OO y CSIF-, que han hecho piña en un intento de bloquear esas acciones, que rechazan de forma frontal. Ya anuncian movilizaciones y la recogida de firmas para convocar un Claustro extraordinario. En el rifirrafe, las centrales abogan por recortar gastos de la cúpula universitaria que consideran «excesivos».
Este año la UPV dispone de los 331 millones de euros que ha recibido del Gobierno Vasco -sin contar con las partidas destinadas a las obras o el dinero que obtiene por otras vías, como los contratos-programa-, lo que supone unos 6 millones menos que el anterior. No hay alternativa: deberá apretarse el cinturón. Sus responsables han optado, como principal vía de ahorro, por suprimir las primas que cobraban los empleados por jubilación anticipada: un complemento de 21 mensualidades para compensar el dinero que dejan de ganar entre los 60 y los 64 años.
La UPV no tiene obligación legal de aplicar ese recorte, que ya se aplica a todos los funcionarios vascos, pero lo asume por responsabilidad institucional y al juzgar que es el que menos «impacto» provoca en su plantilla y en su propio funcionamiento. Más de medio centenar de trabajadores podrían haberse acogido a esta medida el presente año, con lo que el ahorro será cercano a los 3 millones de euros.
Freno a los extras salariales
Tampoco habrá nuevas convocatorias de complementos salariales -los extras que reciben los docentes por méritos de enseñanza e investigación-, con lo que la UPV no tendrá que afrontar otra factura cercana al millón de euros. Los gestores de la institución ya están acentuando el control de los desembolsos en materias como sustituciones de bajas, dietas o la factura de la luz. En gastos corrientes podrán ahorrar otro millón y medio de euros.
Los sindicatos tienen otra teoría sobre las partidas que habría que adelgazar. Hacen una diferencia entre las acciones de contención del gasto que ha fijado el Gobierno central, de obligado cumplimiento, y el resto de iniciativas que ha decidido emprender la Universidad pública vasca. El decreto del Ejecutivo del PP ordena la congelación de los salarios y la supresión de las aportaciones a los fondos de pensiones, iniciativas que ya se aplican en la Universidad. Las fórmulas de ahorro del Gabinete de Patxi López -la eliminación de la prima de jubilación o las compensaciones económicas durante las bajas-, que la Universidad no está obligada por ley a implantar, se han convertido en el objeto de la discordia.
El pago de complementos durante las bajas ya han caído del lado de la plantilla. La UPV ha decidido mantener la cobertura del 100% del sueldo a profesores y personal de administración y servicios durante el tiempo en el que estén enfermos, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios del Gobierno Vasco. No es pecata minuta. Una gripe de cuatro días supondría al trabajador una media de 300 euros menos de salario mensual, según cálculos de UGT.
El escollo principal es ahora la prima por jubilación anticipada de su personal. Las centrales proponen que la Universidad ajuste antes otros gastos de la cúpula académica por considerarlos más superfluos. UGT recuerda que el ahorro con la supresión de los complementos por jubilaciones a los 60 años es cercano a los 3 millones de euros, mientras que mantener 650 cargos académicos -desde secretarios y jefes de departamento, gerentes, vicegerentes, directores de área, directores de centro....- supone una factura anual de más de 10 millones en sustituciones por reducciones horarias y extras salariales.
Asesores y coches oficiales
Los sindicatos también han sacado a la luz el esfuerzo económico que supone hacer frente a las retribuciones de la veintena de asesores de la UPV -puestos eventuales, de confianza-, con sueldos de 70.000 euros anuales; o para mantener «la flota de coches oficiales que tienen a su disposición», que cuesta 120.000 euros, apunta UGT.
Este tira y afloja entre responsables académicos y las centrales ha abierto una brecha en la UPV. Los sindicatos han hecho frente común y ya han anunciado movilizaciones. En estas últimas semanas han recogido casi un centenar de firmas de miembros del Claustro para exigir la convocatoria de un cónclave extraordinario con el fin de que se debatan sus reclamaciones y tratar de defender «el servicio público de la UPV» y los «derechos laborales de los trabajadores». Por su parte, el equipo rectoral someterá los presupuestos al visto bueno del Consejo de Gobierno el próximo día 23. Si los saca adelante, podrá aplicar ya los recortes. Los representantes de los trabajadores están dispuestos a llegar a los tribunales. «Si se incumple el convenio laboral acudiremos a los juzgados», advierten.
La Universidad se ha ajustado también a las limitaciones impuestas por Rajoy para crear empleos en las administraciones públicas. La UPV no puede sacar nuevas plazas, pero se ha agarrado a la excepción que permite la ley -solo 'si hay una necesidad urgente e inaplazable'- para hacer 50 contrataciones temporales destinadas a cumplir proyectos concretos. También celebrará este año una OPE de personal de Administración y Servicios, convocada desde 2007. El número de plazas que salen a concurso, menos de las previstas, enfrenta ya a sindicatos y Rectorado.
