Ya es oficial. La mayoría de los jueces que desempeñan su labor en Euskadi dejarán de llevar escolta a partir de la próxima semana tras la reducción de este servicio acometida por el Departamento de Interior en el último mes. Ayer el consejero Rodolfo Ares, acompañado del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, comunicó a los representantes de la judicatura vasca una medida que los jueces ya venían intuyendo y que no han podido frenar. Para Interior, el cese de la actividad violenta de ETA hace que ya no sea imprescindible una protección a los jueces que se mantenía desde 2001, cuando la organización armada asesinó al juez de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón.
La reducción de escoltas fue comunicada ayer por Ares y Urquijo a catorce miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que estuvieron encabezados por su presidente, Juan Luis Ibarra. La protección comenzará a reducirse la próxima semana hasta cubrir sólo a siete altos cargos de la judicatura y al juez y el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao.
De esta forma, se mantendrá la escolta al máximo representante del TSJPV y presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Juan Luis Ibarra, a los presidentes de Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Garrido, y de lo Social, Garbiñe Biurrun, a los tres presidentes de las audiencias provinciales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, Ángel Gil, Iñaki Subijana y Mercedes Guerrero. Además, también llevarán guardaespaldas el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, y el juez de vigilancia penitenciaria de la capital vizcaína. También el fiscal de esta sección mantendrá la escolta, así como alguno de los fiscales jefe.
La magistratura vasca está compuesta por cerca de 200 miembros. Tras el asesinato del juez Lidón en 2001, Interior decidió poner una escolta personal a todos ellos, aunque en la actualidad, debido a la disminución del riesgo de atentados, sólo 80 o 90 jueces seguían llevando guardaespaldas. A partir de este mes, y en principio por un año, la cifra se quedará en cerca de una decena.
Contravigilancias
En la reunión de ayer, no obstante, Ares explicó a los jueces que la retirada de escoltas personales no supondrá el abandono total de la protección de los magistrados por parte de Interior. Ante los recelos de los miembros de la judicatura ante esta medida, el consejero de Interior garantizó que se mantendrán las contravigilancias y las estructuras de contacto, así como los cursos de autoprotección que la Er-tzaintza imparte a los jueces que llegan a Euskadi. También aseguró que si, en los próximos meses, la situación se tensa, Interior estaría dispuesto a estudiar la reversibilidad de la medida.
La reunión que se celebró ayer al mediodía en la sede del TSJPV estuvo precedida por una intervención del presidente de este tribunal, Juan Luis Ibarra, en una conferencia en el Fórum Europa de Bilbao. En ella, Ibarra se mostró partidario de mantener la protección a los jueces al considerar que la «frustración» ante la imposibilidad de una amnistía o de indultos generalizados a presos de ETA se podría proyectar sobre la Administración de Justicia.
Ibarra explicó que los jueces habían trasmitido al secretario de Estado de Seguridad y al propio Ares que «este año va a ser especial para la Justicia en el País Vasco por unas circunstancias específicas que vienen dadas por el funcionamiento de la administración penitenciaria». Advirtió que «se están lanzando mensajes que no corresponden con la realidad jurídica» cuando se habla «de amnistía, de indultos generales, de aplicaciones del reglamento penitenciario que obligarían a cambiar la Constitución y las leyes», lo que podría provocar «frustración» en algunos sectores.
Ibarra cree que «el eco de esa frustración se va a proyectar sobre la Administración de Justicia, porque serán las Audiencias provinciales donde se decidan los recursos que tengan que ver con el tratamiento penitenciario, como la libertad condicional, que les corresponde a los jueces de vigilancia penitenciaria del lugar donde se cumple condena».