La falta de entusiasmo y el escepticismo, cuando no el más absoluto rechazo, dominaron las primeras valoraciones de urgencia de los partidos a la reforma laboral aprobada ayer por decreto ley por el Gobierno de Mariano Rajoy. Incluso CiU, que por boca de su portavoz Josep Antoni Duran Lleida admitió que la modificación está «bien orientada» y es «necesaria», vaticinó que no servirá para crear empleo a corto plazo y que deberá ir acompañada de «un plan de choque contra el paro».
Para el PNV, la normativa «supone una recentralización en toda regla de la negociación colectiva», y ese será un «obstáculo insuperable» para su partido durante el debate parlamentario, advirtió Josu Erkoreka. El Gobierno Vasco también se sumó a las críticas e indicó que «restringir derechos no es el camino para crear empleo».
El portavoz jeltzale en el Congreso criticó en rueda de prensa que, con la reforma, el convenio colectivo estatal se impondrá «a todos los efectos» a los autonómicos, y subrayó que el reconocimiento de un ámbito vasco de negociación colectiva «es esencial» para adaptar los acuerdos a las «necesidades específicas» del tejido económico vasco. Erkoreka, quien censuró también que el Ejecutivo central haya optado por la «más unilateral» de las herramientas normativas con que cuenta, agregó en cualquier caso que la reforma «no va a ser la panacea» contra el paro, cuya reducción requiere de otras modificaciones vinculadas con el «modelo económico y productivo».
El Gobierno Vasco incidió por su parte en que con esta reforma en la mano «todos los despidos van a ser objetivos» porque «qué empresa, desde que ha comenzado la crisis, no arrastra tres trimestres de disminución de ingresos por ventas».
Respecto al despido por causas empresariales, señaló que en este caso se elimina la autorización administrativa previa por parte de la autoridad laboral, lo que supone un recorte de los derechos laborales de los trabajadores. Sobre la preeminencia del convenio de empresa respecto a los sectoriales, la Consejería de Empleo estima que «supone una mayor vulnerabilidad para las pequeñas y medianas empresas, donde la representación de los trabajadores está menos articulada». También recuerda que se elima la autorización administrativa en los EREs.
Las formaciones de izquierdas pusieron el acento en el recorte de los derechos de los trabajadores que supone la reforma.
Dudas sobre la legalidad
El socialista Jesús Caldera criticó el abaratamiento del despido y dudó incluso de que sea legal y constitucional rebajar la indemnización de 45 a 33 días para los contratos indefinidos. Con esta norma y ante una crisis como la actual, advirtió, cualquier empresa va a poder echar a sus trabajadores con solo 20 días de compensación, al ver reducidos sus ingresos.
Desde el PSE guipuzcoano, Julio Astudillo, remarcó que la reforma deja muy tocado el Estado Social. En su opinión, contiene elementos regresivos e injustos, que atacan la línea de flotación de nuestro sistema de relaciones laborales».
En la misma línea se pronunció el parlamentario de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana, quien acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de aprobar una reforma laboral «dictada por la CEOE y firmada por el Gobierno sin cambiar una coma, que provocará el abaratamiento del despido y precarizará aún más el mercado de trabajo». El coordinador general de IU, Cayo Lara, también auguró más despidos y más precariedad, por lo que llamó a la movilización ciudadana a fin de «parar este nuevo entuerto».
A estas voces críticas se unieron las de ERC, BNG, Compromís y UPyD, mientras que desde el PP, la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, justificó la reforma para que «no se destruya tejido empresarial».
