Las sanciones que preveía el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias para las empresas que no atendieran al público y no rotularan en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma ya no existen. El régimen sancionador, que nunca ha llegado a aplicarse, fue eliminado ayer por el pleno del Parlamento Vasco, a instancias del PSE-EE. Con el apoyo del PP y UPyD, se decidió que el régimen sancionador previsto por el texto, que castiga un amplio catálogo de infracciones, «no será de aplicación a la regulación de los derechos lingüísticos». PNV, Aralar, EA y Ezker Anitza votaron en contra de un cambio que ha recibido también las críticas de la organización de consumidores EKA-OCUV, Kontseilua y Behatokia.
Aunque la ley que fue parcialmente modificada ayer se aprobó en 2003, hasta 2008 no se aprobó el decreto que concretaba el régimen sancionador. En aquel momento, fue duramente criticado por quienes lo consideraban excesivo, y también por quienes creían que no era suficiente, ya que la obligación de atender y rotular en euskera so pena de sanción no era universal sino que se aplicaba solo a empresas de servicios universales (banca, gas, electricidad, telefonía...), firmas de bienes y servicios grandes (más de 250 trabajadores y volumen de negocio de más de 50 millones), y, en lo que respecta al comercio, a establecimientos que reúnan unas condiciones determinadas: tener más de 15 empleados atendiendo al público o más de 400 metros cuadrados en las tres capitales y en municipios con más del 33% de euskaldunes.
Posturas contrapuestas
El decreto, en cualquier caso, nunca se aplicó, ya que primero atravesó un período de adaptación y, a raíz de un acuerdo parlamentario de junio de 2010, una moratoria de un año que, finalmente, se ha materializado en su modificación. Tal como sucedió cuando se planteó la posibilidad de imponer sanciones económicas, el cambio ha vuelto a encender la polémica.
A pesar de votar a favor de la desaparición de las multas, tanto Gorka Maneiro, de UPyD como Iñaki Oyarzabal, del PP, consideraron que la reforma podía haber ido «más allá». Maneiro, en concreto, reprochó al PSE-EE que no respaldara la eliminación de todas las obligaciones que incluye la ley, que se mantienen en el plano teórico pero que, al no existir ninguna sanción por no cumplirlas, son meramente optativas.
El socialista Vicente Reyes, que defendió los cambios indicando que con esta medida no solo se cumple el programa electoral de su formación sino que «repone el consenso lingüístico», roto por el anterior gobierno nacionalista, acusó a Maneiro de radicalidad, y coincidió con Oyarzabal en que las obligaciones de la Administración «no se pueden imponer al sector privado», insistiendo en que el avance del euskera debe sustentarse en «la libre adhesión» y no en la imposición.
Entre los críticos con la desaparición de la posibilidad de imponer sanciones, la parlamentaria del PNV Garbiñe Mendizabal acusó a los socialistas de tomar esta decisión siguiendo las directrices de PP y UPyD y anunció que si el PNV regresa al Gobierno Vasco «volverá a garantizar los derechos de las personas que hablan euskera». El parlamentario de Aralar Mikel Basabe consideró, por su parte, que la reforma aprobada «va en contra del uso normalizado del euskera basándose en mentiras» y Juanjo Agirrezabala, de EA, destacó que «hoy no se da ningún paso adelante hacia la convivencia de las lenguas, sino un paso atrás el derechos de los vascoparlantes». El parlamentario de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana, afirmó que se trata de «un palo más en la rueda del uso de nuestra lengua».
