El PNV dio ayer dos vueltas más a la tuerca de la presión que ejerce sobre el gobierno municipal, tras conocerse que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha suspendido de forma unilateral el convenio con el Ayuntamiento para el desarrollo de Eskuzaitzeta (parte alta de Zubieta). Esta decisión ha significado que el Ayuntamiento ha dejado de percibir a final del año pasado un millón de euros. El concejal jeltzale Iñaki Gurrutxaga acusó a Bildu de hacer «un paripé» ya que mientras la concejala representante del gobierno municipal en el consejo de GHK votó a favor de la suspensión del convenio, el delegado de Hacienda (que forma parte de la misma coalición) ha requerido al consorcio el pago de esa cantidad. El PNV concluyó que, con sus posiciones, Bildu está «dañando objetivamente los intereses del Ayuntamiento de San Sebastián».
Para el desarrollo de las plantas complementarias a la incineradora (biosecado y biometanización), el Ayuntamiento donostiarra y GHK firmaron el 4 de junio de 2010 un convenio para el desarrollo urbanístico de Eskuzaitzeta (parte alta de Zubieta). En este acuerdo se establecía el pago de GHK al Ayuntamiento, en concepto de medidas de compensación medioambiental, de 4.250.000 euros en cuatro plazos. El último abono (1.062.500 euros más IVA) se debía de haber realizado antes del 30 de diciembre pasado, pero el consorcio ha decidido no pagar al entender que habiendo suspendido las obras de la incineradora también deben anularse los convenios derivados de esta infraestructura como el que se firmó con el Ayuntamiento de San Sebastián.
El PNV considera que esta decisión del consorcio no hay por donde cogerla, entre otras cosas porque supone la «suspensión unilateral de un convenio sin comunicarlo a la otra parte» que ha cumplido con su parte del acuerdo, y opina que lo que procede no es reclamar el pago de esa cantidad (como ha hecho la Hacienda municipal a GHK) sino presentar directamente una demanda judicial contra el consorcio.
«Nos cuesta 1 millón de euros»
El PNV entiende que la actuación del gobierno municipal es «grave y preocupante» por varios factores. El primero es que GHK adoptó esa decisión «con el voto favorable de una concejala del gobierno municipal, lo que le cuesta al Ayuntamiento un millón de euros». El consorcio, además, basa su decisión en la posición de varios alcaldes de Bildu, entre ellos el de San Sebastián, que remitieron cartas a este organismo poniendo en cuestión el actual modelo de recogida de residuos. «El alcalde facilita la adopción de una decisión contraria, sin lugar a dudas, a los intereses de San Sebastián», señaló Gurrutxaga. Para más inri, el concejal del PNV recordó que la posición que ha mantenido la representante del gobierno municipal en el consorcio es contraria a una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en septiembre. Gurrutxaga recordó que EA en ese Pleno dijo que Bildu no había incumplido ningún compromiso. «¿Qué va a hacer EA ahora?, ¿Se va a plegar a GHK?, ¿No va a levantar la voz?», se preguntó Gurrutxaga.
El PNV presentará una moción al Pleno para exigir que el Ayuntamiento reclame judicialmente el cumplimiento del convenio suscrito con GHK porque «no hay nada que justifique la suspensión unilateral». «El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado mientras se produce un quebranto económico de esa magnitud, por mucho que resulte políticamente incómodo para el gobierno de Bildu», concluyó Gurrutxaga.
