La exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, negó ayer haber firmado ninguno de los quince contratos de adjudicación que el Gobierno Vasco va a trasladar esta semana a la Fiscalía para que investigue si las «irregularidades» detectadas son constitutivas de delito. De Miguel, que según fuentes conocedoras de la investigación fue la persona que firmó dichos contratos, aseguró que ella solo rubricó facturas del servicio de Informática del departamento que hasta 2009 estuvo encabezado por Joseba Azkarraga, quien aseveró que los contratos «pasaron todos los controles».
De la misma forma, Ibermática, una de las empresas implicadas en el presunto fraude por valor de 23 millones de euros destapado el martes por la consejera Idoia Mendia, rechazó «categóricamente cualquier sospecha de fraude» en los proyectos que ha desarrollado para dicho departamento, y aseguró que todos los encargos «han sido acordados por ambas partes y presentados sus resultados».
La denuncia del Ejecutivo vasco, cuya titular de Justicia comparecerá a petición propia en la comisión parlamentaria correspondiente para explicar la investigación, advierte de «graves irregularidades» encontradas en quince contratos del departamento para servicios informáticos relacionados con la modernización de la Administración que fueron pagados pero no ejecutados en su totalidad. El Gobierno Vasco evitó responder ayer a las reacciones ofrecidas por dos de los implicados en las contrataciones investigadas, y tras mostrarse «tranquilo» por la «exhaustiva» investigación llevada a cabo desde hace más de dos años, dejó en manos de la Fiscalía cualquier conclusión sobre la posible ilicitud de dichos acuerdos.
La exdirectora en el departamento salió ayer al paso de las sospechas infundidas sobre su implicación y rechazó, mediante una nota remitida a Efe, cualquier responsabilidad en la denuncia planteada. «No se ajusta a la realidad que yo, como directora de Relaciones, firmara los contratos de adjudicación ya que ésa es una competencia asignada a otros niveles dentro de la Administración», adujo. Lo que sí reconoció es que firmó facturas, se entiende de pagos por servicios prestados, tanto en cuestiones informáticas como obras, suministros, euskaldunización o seguridad.
De Miguel, que se declaró con «la conciencia muy tranquila» y contrariada por la «absoluta indefensión» a la que dice haberse visto relegada por no tener la oportunidad de ofrecer su versión durante la investigación, afirmó que en la elaboración de los contratos a los que alude el Ejecutivo vasco se cumplieron todos los requisitos legales exigidos. Y que los servicios encargados a las empresas se ejecutaron «prácticamente en su totalidad, como productos entregados y pendientes de implantación», tarea «cuya responsabilidad recaía en el Servicio de Informática Judicial» del departamento, explicó. Este último extremo, la implantación de dichos trabajos informáticos, estaba «supeditada a las posibilidades reales del entorno, a la no paralización del funcionamiento normal de los órganos judiciales y a las reformas» en la Administración de Justicia a nivel estatal, explicitó la exdirectora del departamento.
La información ofrecida por De Miguel contrasta con la emitida por Mendia el día anterior, cuando señaló que los trabajos comprometidos «no se ejecutaron en su totalidad, no ya a fecha de la finalización del contrato sino que ni siquiera lo están a fecha actual», pese «a estar íntegramente pagados».
Versiones
La aseveración del Ejecutivo socialista choca con la defensa de la «honestidad y profesionalidad de nuestra compañía» que también realizó ayer Ibermática, una de las empresas con las que están suscritos los contratos investigados. La compañía guipuzcoana rechazó «categóricamente cualquier sospecha de fraude» en los proyectos que ha realizado «o está desarrollando» para la Administración de Justicia, y afirmó que «todos los trabajos realizados» durante la etapa 2000-2009 se hicieron «a petición del Departamento de Justicia», fueron «acordados por ambas partes» y fueron «presentados sus resultados».
Ibermática mostró ayer su «sorpresa» por la «manera» en que conoció la denuncia, y no hace mención a las reuniones que, según el Gobierno Vasco, el fallecido viceconsejero José Manuel Fínez -que inició la investigación-, mantuvo con «las empresas adjudicatarias». Encuentros en los que, según Mendia, dichas compañías «reconocieron la falta de ejecución de muchos trabajos y su cobro íntegro, y se comprometieron a ejecutarlos».
La empresa con sede en San Sebastián asegura que «es la primera interesada en que se investigue cuanto antes y exhaustivamente» este asunto, y «muestra su máxima disposición a colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos citados». Además, anuncia que «ejercerá todas las acciones legales que considere oportunas para exigir las responsabilidades que procedan, en su caso».
La revelación de supuestas irregularidades en una quincena de contratos durante la etapa de gobierno de Juan José Ibarretxe pasará a manos de la Fiscalía previsiblemente esta semana. El Gobierno Vasco remitirá «la voluminosa documentación» que, según fuentes consultadas, fundamenta la denuncia hecha pública el martes.
