La polémica suscitada en los últimos días en torno a las supuestas dificultades económicas del Gobierno Vasco, sus tensiones de tesorería y las alarmantes declaraciones del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, han colocado en el 'congelador' un nuevo intento del gabinete de Patxi López para forzar una inmediata subida de impuestos. Los movimientos previos al estallido de la controversia, sin embargo, hacen pensar que en esta ocasión se ha estado muy cerca de alcanzar un consenso mínimo. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, había obtenido ya el 'plácet' del EBB para propiciar una negociación en esta línea, algo a lo que hasta ahora los nacionalistas se habían mostrado reticentes. ¿Se podrá rescatar la negociación? «Si hay voluntad, sí», señalaron ayer fuentes de la presidencia del Gobierno Vasco. «Sí», fue también la respuesta de un portavoz del PNV aunque, con condiciones: «Primero queremos saber el estado real de las cuentas del Gobierno y luego intentar buscar soluciones. Si una vez vista la situación económica, eso supone hablar de retocar la fiscalidad, estamos dispuestos».
Un pequeño cambio
Lo cierto es que, admitieron ayer portavoces de la formación jeltzale, el Gobierno Vasco había conseguido un punto de inflexión en la posición, al menos, del presidente del PNV. Tras un encuentro con el consejero de Interior, Rodolfo Ares, ocurrido el pasado 23 de enero y una conversación telefónica posterior, Urkullu expuso la cuestión en la reunión del EBB del lunes 30. El gabinete de Patxi López insistía en la necesidad de aumentar la presión fiscal, pese a las 'calabazas' cosechadas en su intento de propiciar una mayor elevación del IRPF, de imitar en parte la reforma fiscal aprobada por el Gobierno central y de fracasar también -por el rechazo del PP- en el intento de aprobar recargos al Impuesto sobre la Renta en el Parlamento de Vitoria. Ahora, la principal propuesta giraba en torno a la posibilidad de aplicar el denominado «céntimo sanitario», un recargo fiscal sobre los carburantes.
Urkullu, siempre según fuentes del PNV, consiguió que la dirección del partido le autorizase a propiciar las negociaciones pese a que, insisten, la reacción inicial de los burukides fue de rechazo. Sus argumentos para conseguirlo, añaden, se basaron en la «gravedad» de la situación de tesorería que había dibujado Rodolfo Ares en los contactos que habían mantenido, así como la constatación de que los presupuestos de ingresos de 2011 no se habían cumplido y ello había generado un déficit adicional que aún no ha sido aclarado por el Ejecutivo vasco. El propio Patxi López había reconocido en público que no se iba a cumplir el compromiso de mantener el déficit en el 1,3% del PIB. ¿Hasta donde ha podido llegar la desviación? El PNV cree que será superior a un punto, lo que se traduciría en un 'agujero' de 700 a 900 millones de euros.
El 'céntimo sanitario'
No está del todo claro el recorrido que pudo haber tenido esta nueva intentona de aumento de la presión fiscal, de no haberse suscitado la polémica. Lo cierto es que se iban a dar nuevos pasos, como lo atestigua el hecho de que ya se hubiese concertado una reunión, a la que además de Iñigo Urkullu y Rodolfo Ares -en su calidad de coordinador del Gobierno Vasco- iban a acudir el consejero de Economía, Carlos Aguirre y el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. El encuentro, previsto para el pasado lunes, fue desconvocado tras la comparecencia del líder nacionalista. «No recurrimos al presidente del PNV porque estemos desesperados -dijo ayer un portavoz del Gobierno Vasco- sino porque su participación es necesaria en cualquier cambio tributario. El PNV gobierna en la Diputación de Bizkaia».
En lo que puede interpretarse como un intento por rescatar la idea y hacerla sobrevivir más allá de la pelea política, el consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, admitía ayer ser el 'padre' de la propuesta de implantar un recargo sobre los carburantes. «Permitiría recaudar unos 100 millones de euros en Euskadi -dijo el consejero- para aumentar el gasto en Sanidad». Pese a lo dicho por Bengoa, lo cierto es que la recaudación no entraría en la caja de Osakidetza, sino en la de las haciendas forales, que lo tratarían como un impuesto indirecto más. En la práctica no se diferenciaría del IVA: el 70% de la recaudación iría a la caja general del Gobierno vasco y el 30% restante se lo quedarían las propias diputaciones forales.
