El Gobierno Vasco denunciará ante la Fiscalía presuntas «irregularidades» cometidas en el departamento de Justicia durante el mandato de Juan José Ibarretxe. La portavoz Idoia Mendia desveló ayer que su gabinete ha llevado a cabo una «investigación muy minuciosa y exhaustiva» que ha sacado a la luz «graves» anomalías en una quincena de contratos informáticos por valor de 23 millones de euros que la consejería realizó entre 2000 y 2009 -cuando estaba encabezada por Joseba Azkarraga- con diferentes empresas, por los que el Ejecutivo pagó trabajos que no se terminaron o ni siquiera comenzaron. La consejería anterior defendió la gestión y denunció el «halo de sospecha» infundido.
La actual titular de Justicia evitó apuntar con nombres -lo dejó en manos de la Fiscalía- a los posibles responsables políticos de las supuestas irregularidades, así como a las empresas involucradas en este asunto. Fuentes de absoluta solvencia consultadas por este periódico confirmaron que es la entonces directora de Relaciones con la Administración de Justicia Inmaculada de Miguel -distinguida hace dos años con el premio Manuel de Irujo- la que firmaba los contratos que se suscribieron, según estos mismos medios, con Ibermática e Indra. Al parecer, la adjudicación de mayor calado es una referida a la implantación del sistema de gestión procesal, JuztiziaBat.
Mendia explicó, en la rueda de prensa tras el consejo de gobierno que abordó el asunto, las conclusiones a las que hasta el momento ha llegado el Ejecutivo y en las que basa su denuncia pública. La consejera afirmó que «ninguno de los expedientes» que han sido investigados «se ha ejecutado en su totalidad a pesar de estar íntegramente pagados». «Es decir -aclaró-, con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados» para la modernización de la Administración de Justicia, entre ellos el mencionado sistema JuztiziaBat, el desarrollo del expediente judicial electrónico o la nueva oficina judicial.
La consejera dejó constancia de la denuncia y trasladó la responsabilidad de posibles acusaciones formales al ministerio público, al que el Gobierno ha pedido que aclare si dichas «irregularidades» pueden ser constitutivas de delito o no, y de demostrarse, si el objeto de la posible conducta ilícita era un beneficio personal o colectivo. Pero, en cualquier caso, la sospecha sobre la gestión del Ejecutivo tripartito liderado por el PNV, en este caso sobre un departamento encabezado por Joseba Azkarraga (EA), quedó lanzada. Y precisamente, en un momento de máxima tensión política entre los socialistas y los jeltzales a cuenta de la situación económica que atraviesa el gabinete de Patxi López, que ayer defendió con cifras concretas su solvencia.
La revelación del Ejecutivo vasco, por tanto, no puede abstraerse del contexto. «No es baladí» la coincidencia -consideran en los nacionalistas- con la explicación ofrecida ayer por el titular de Hacienda Carlos Aguirre sobre la situación de las arcas públicas. El PNV, que pidió que se clarifique la cuestión, cree que el momento elegido para denunciar este hecho intenta «confundir» a los ciudadanos y desviar la atención de las cuentas vascas, que siguen sin ver claras, y por las que pedirán explicaciones al lehendakari este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco.
En su comparecencia, el Ejecutivo socialista, no obstante, no mencionó al partido, el PNV, ni al lehendakari, Ibarretxe, que hasta 2009 presidían el Gobierno Vasco. Mendia solo aludió al resultado de las investigaciones «minuciosas» realizadas sobre un asunto que, según aclaró, generó sospechas hace ya dos años, cuando el viceconsejero José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, encargó dos auditorías técnicas, una externa y otra interna, para aclarar la ejecución de dichos contratos.
Compromiso de las empresas
Las pesquisas se han llevado a cabo, por tanto, a lo largo de los dos últimos años. Y tras ellas, el Ejecutivo ha encontrado trabajos informáticos «pagados varias veces, bien en sucesivos contratos o mediante facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores». Y ha advertido, por otra parte, el «escasísimo plazo» -menos de un mes- que en algunos casos se fijaba desde la adjudicación a la empresa hasta la entrega del servicio. Este último hecho lleva a pensar al Gobierno de López que «la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria, o bien que ninguna de las partes tenía intención de realizar lo contratado» y por consiguiente el escrito firmado entre ambas partes «era una mera justificación formal para obtener financiación».
La portavoz del Ejecutivo socialista explicó que su consejería se puso hace dos años en contacto con las empresas «para garantizar la continuidad del sistema informático de la Administración de Justicia». Aseguró que en esas reuniones éstas «reconocieron la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro», pero al mismo tiempo se comprometieron a culminarlos.
El asunto, judicialmente, está ahora en manos de la Fiscalía pero políticamente, EA, partido al que pertenecía el titular de Justicia, reclamó ayer una comisión de investigación en el Parlamento Vasco para depurar posibles responsabilidades. La formación pidió «llegar hasta el final» y no descartó personarse como acusación particular si se demuestra que existe un hecho delictivo.
