En el Estado constitucional, y por lo tanto democrático, es común que los gobernantes, en virtud de la aplicación del Estado de Derecho, respondan penalmente por la realización de delitos. En ocasiones, la individualización de la responsabilidad es muy complicada, pues la administración es un ente complejo donde resulta muy difícil concretar el nivel de participación en las conductas que el legislador ha considerado como reprochables penalmente.
En todo caso, frente a tales conductas, los partidos políticos suelen tener dos posturas, según se esté en el propio Gobierno o en la oposición: una interpretación estricta de la absorción de la responsabilidad política por la responsabilidad penal, implicaría que cualquier participación, por débil e indemostrable que sea, en los escándalos de corrupción, conlleva de inmediato la dimisión de sus cargos y su puesta a disposición judicial. Por el contrario, cuando se está en el Gobierno, ésta actitud reduccionista pierde fuerza, y suele sostenerse que solo la sentencia penal y la intervención última de la justicia, puede detener el curso de lo político y de los cargos elegidos democráticamente.
La resolución del caso de los trajes de Camps y Costa permite identificar ambos planos en la actitud del PP y el PSOE, y nos retrotrae a un viejo modelo ya ensayado en la década de 1990 para acabar con el dominio electoral del partido socialista, pero ahora con distintos actores y teniendo a Valencia como escenario. La vista oral del juicio a los políticos valencianos ha puesto en evidencia la sonrojante y vergonzosa relación que Camps y Costa tenían con personajes de baja estofa dedicados a la realización de corruptelas varias en distintas comunidades autónomas. Sin embargo, la individualización de la responsabilidad penal es cuestión harto complicada, y si ésta se pretende hacer previamente a través de un juicio paralelo en la opinión pública, tratando de condenar y reprobar a una parte de la clase política, se corre el peligro de que si el acusado es finalmente absuelto, éste y el partido al que pertenece queden santificados, como finalmente ha ocurrido.
Sin embargo, la resolución del asunto de Camps y Costa, no va a acabar, ni mucho menos, con la generalización de la idea de que los políticos españoles han participado en diverso grado tanto en la proliferación de la corrupción, como en la crisis sistémica provocada por el despilfarro de recursos públicos. Los ciudadanos suelen preguntarse cómo es posible que no existan mecanismos de sanción penal y administrativa que permitan castigar a los gobernantes que ejercen rematadamente mal sus funciones, bien por electoralismo, bien por los delirios de grandeza producidos por la masiva recaudación de impuestos derivada de la época dorada del ladrillo.
El Gobierno va a proponer, en este sentido, una reforma legal para sancionar penalmente a los 'malos gestores'. No vemos cómo puede ser esto posible. En la Baja Edad Media, los agentes regios en las provincias debían permanecer en su lugar de destino durante un 'periodo de residencia' al término de su mandato, hasta que el 'visitador' que enviaba el rey realizaba un informe de inspección que podía derivar en la incoación de un proceso penal. Ello daba lugar a todo tipo de venganzas personales y maledicencias, sobre todo por parte de los gobernantes entrantes. Los juicios políticos que terminan diluyendo la responsabilidad penal en la responsabilidad política, cuyo exponente más sagaz fue el formidable discurso de Robespierre durante el procesoa Luis XVI ante la Convención, fueron también frecuentes en los periodos revolucionarios, como se puso de manifiesto en la Unión Soviética y en otras experiencias revolucionarias comunistas. Pero esta forma de exigir responsabilidad por la gestión pública es absolutamente incompatible con el Estado de Derecho y la democracia, pues se corre peligro deafirmar la impunidad de quienes están apoyados por la mayoría y de transformar la política en una actividad de alto riesgo, destinada a élites con capacidad para defenderse del uso caprichoso del principio de legalidad.
No queda otra cosa, por tanto, que la responsabilidad política que ofrece el constitucionalismo democrático. ¿Resulta ésta insuficiente? Decididamente no, si los actores que participan en nuestro sistema político cumplieran leal y eficazmente las tareas que tienen encomendadas. En el ámbito institucional, los partidos debieran reformar los reglamentos parlamentarios para permitir una mayor fiscalización de los actos de la administración y los gobiernos, mediante un uso más dinámico de las comisiones de investigación (siempre que éstas no se conviertan en un circo), las interpelaciones o las comparecencias de miembros del ejecutivo. Ocurre que en ocasiones los partidos tienden a desarrollar pactos implícitos de no agresión, como ha podido verse en Cataluña con la petición de responsabilidades en torno al timo de la estampita que supuso la inversión pública en Spanair. Casi todos estaban implicados.
Para corregir estos desmanes, tenemos la responsabilidad política difusa, que deben ejercer a partes iguales los medios de comunicación y los ciudadanos. Los primeros, al convertirse en apéndices de empresas privadas, pueden terminar dependiendo en ocasiones de las administraciones para poder subsistir mediante subvenciones directas o indirectas. La opinión pública no puede cumplir la función para la que inicialmente estaba pensada, y pasa reforzar la ley de silencio que imponen los grandes partidos. Los ciudadanos, a los que no se les puede pedir una vida política virtuosa, se han mostrado comprensivos con las corruptelas de sus gobernantes, unas veces porque se ven reflejados en sus acciones, otras porque en tiempos de crisis solo queda agarrarse a un clavo ardiendo.Por ello, quizá sea el factor social y político, y no el institucional, el que esté fallando.
