«La dirección de la empresa está haciendo todo lo posible, mediante amenazas, para que los trabajadores se acojan a las bajas incentivadas. Pero las bajas son forzosas y no voluntarias». Así de categóricos se mostraron ayer a las puertas de Corrugados Azpeitia representantes de los sindicatos LAB y ELA poco después de que el comité de empresa de la fábrica celebrara una asamblea para analizar la evolución de las solicitudes de baja (incentivadas y prejubilaciones) en respuesta al planteamiento de adelgazamiento de plantilla en 100 personas propuesto por el Grupo Gallardo, propietario de la compañía.
La asamblea se celebró cuando quedan pocos días para que venza el plazo de adhesión, que concluye el viernes. Según los sindicatos, hasta ayer se habían acogido a las bajas voluntarias 51 trabajadores, frente al objetivo de los propietarios de alcanzar las 87 bajas voluntarias y 13 prejubilaciones.
A la vista de que parece difícil lograr el objetivo, ELA y LAB denunciaron la existencia de amenazas por parte la empresa hacia los trabajadores, incluyendo «llamadas a los domicilios». Los sindicatos también censuraron la actitud de la Delegación de Trabajo y del Departamento de Industria que, en su opinión, «se están limpiando las manos». «La Delegación ha resuelto un ERE e Industria ha ofrecido una ayuda a la empresa cuando en un principio pusieron como condición para ello que hubiese un acuerdo con los trabajadores, cosa que no se ha producido». Las bajas incentivadas contemplan el pago de 40 días por año trabajado para quienes llevan menos de cinco años en la empresa. Para los que llevan más se fija un límite de doce mensualidades y de 16 para los que llevan más de una década.
