El anteproyecto de ley de prevención de la violencia machista elaborado por el Gobierno Vasco ha desatado un frontal rechazo no solo entre los colectivos feministas, sino en el seno del propio Ejecutivo autónomo. El texto ha enfrentado al Instituto Vasco de la Mujer -Emakunde- con la dirección de atención a las víctimas de violencia de género, dependiente del Departamento de Interior y dirigido por Mariola Serrano, que ganaría importantes cotas de responsabilidad en la lucha contra el maltrato a costa de vaciar de competencias al instituto de la mujer, organismo autónomo adscrito a la Lehendakaritza y cuya presidenta es María Silvestre. A estas discrepancias se suman también las tres diputaciones vascas que, en línea con el resto de colectivos críticos, ven «innecesaria» la creación de un nuevo marco legal y consideran un «retroceso» que se aborde el maltrato a la mujer desde una perspectiva fundamentalmente policial «al margen de las políticas de igualdad».
El anteproyecto de 'Ley de prevención de la violencia machista contra las mujeres y de atención y recuperación integral de sus víctimas', como ha sido bautizado, salió a exposición pública a comienzos de octubre y desde entonces no le han dejado de llover críticas. El texto, que introduce el concepto de 'violencia machista' en lugar de 'doméstica' o 'de género' para dar cobertura a delitos como las agresiones sexuales, la trata o la mutilación genital, incluye una disposición por la que deroga todo el capítulo de la Ley de Igualdad, aprobada por el Parlamento vasco en 2005 y que estaba referido a la violencia contra las mujeres. Esto supone anular de un plumazo los 13 artículos de la normativa que establecían medidas de atención y protección a las víctimas, y encomendaba a Emakunde tareas de investigación, prevención y formación.
«Innecesaria»
Y es aquí donde radica una de las principales causas de discrepancia: la supuesta separación que se hace de las políticas de igualdad de las dirigidas a combatir la violencia sexista; es decir, las causas de los efectos. Con la nueva reglamentación, la dirección dependiente del departamento que dirige Rodolfo Ares cobra un considerable protagonismo en este ámbito, al asumir la competencia de liderar las políticas del Gobierno dirigidas a erradicar esta lacra social en lugar de limitarse a atender a las víctimas como hasta ahora. También crea un Observatorio -adscrito igualmente a la dirección de Mariola Serrano- como órgano de consulta y asesoramiento, que se encargaría de realizar estudios y diagnósticos, una labor que estaba asignada a Emakunde.
De hecho, algunas de las alegaciones más críticas con el anteproyecto han partido de los técnicos del Gobierno Vasco integrados en la comisión interdepartamental para la Igualdad, organismo adscrito al instituto dirigido por María Silvestre y que tiene encomendada la coordinación de las actuaciones del Gobierno vasco en esa materia. Los expertos niegan la mayor al cuestionar la necesidad de aprobar una nueva legislación ya que, a su juicio, la actual Ley del 2005 constituye un «paraguas jurídico» suficiente para abordar el maltrato, y lamentan que los futuros planes estratégicos que aborde Interior queden fuera de la planificación global sobre igualdad. Asimismo, se quejan de que se deroguen de forma «tácita» funciones atribuidas a Emakunde .
Y, pese a los partidos de distinto signo que las rigen, las tres diputaciones vascas han hecho causa común para oponerse al anteproyecto elaborado por Interior. En la misma línea que los técnicos de Igualdad, las alegaciones realizadas por los gobiernos forales del PNV, PP y Bildu parten de un idéntico axioma: es «innecesaria» una nueva reglamentación y además, su eficacia queda «anulada» al separar las políticas de igualdad de las dirigidas a combatir el maltrato. «Es imposible combatir y prevenir la violencia contra las mujeres sin ir a sus causas», opina el diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, quien considera que, en la práctica, «supondrá una duplicidad de planes, prácticas y estructuras».
Prevenir y erradicar
A juicio de la diputación alavesa, en manos del PP, el anteproyecto encubre «una importante mutilación de la Ley de Igualdad», que quedaría derogada en más de un 20%» y «no avanza contribución alguna en la garantía de derechos de las mujeres víctimas». En sus alegaciones, la institución foral no comparte «el enfoque de seguridad personal» que se quiere imprimir a las políticas de lucha contra la violencia de género y que «no es suficiente para una recuperación integral de las víctimas». En este sentido, reivindican el «papel fundamental» de Emakunde en su tarea de «prevenir y erradicar» la violencia de género.
Tampoco el anteproyecto ha contentado al movimiento feminista. Una decena de agrupaciones -Plazandreok, FeministAlde, Medeak, Garaipen, Asamblea de Mujeres de Ermua, Uxu-Ondarroako Emakumeen Taldea, Asociación de Mujeres de Basauri, Mugarik Gabe, Fórum Feminista María de Maeztu, las Asambleas de Mujeres de Bizkaia y Álava, así como la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad del País Vasco- han suscrito una serie de alegaciones en similares términos. Estos colectivos critican que se «desplace» a Emakunde y se opte por un «abordaje policial de una problemática que requiere un abordaje multidisciplinar».
El anteproyecto refleja «un excesivo proteccionismo y paternalismo» que redunda en el victimismo», sostienen en sus alegaciones. Por su parte, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, reconoce que las fricciones en el seno del Gobierno están haciendo un «flaco favor» a la atención a las mujeres maltratadas y ha pedido la retirada «inmediata» del anteproyecto por «ilegal y anticonstitucional». «Ya existe una ley que se puede y se debe desarrollar. Pero no tiene ningún sentido crear una nueva que no aporta nada», concluye.
