La huelga general es el último instrumento de presión de los sindicatos, que históricamente ha servido para hacer revoluciones, tumbar o desgastar gobiernos, derogar leyes u otras normativas e, incluso, en caso de competencia sindical, para medir fuerzas con organizaciones rivales. Sin embargo, esa herramienta, la máxima expresión de la movilización sindical, ha perdido buena parte de su proverbial efectividad en los últimos años tanto en Euskadi como en el conjunto de España. Tal vez por eso, y después de que el seguimientode las últimas convocatorias no se haya saldado precisamente con un éxito, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha tenido inconveniente en lanzar un órdago a las centrales al admitir el pasado lunes ante dos de sus socios europeos -los primeros ministros de Finlandia y Dinamarca, dos de los países que aún conservan la triple 'A'- que la respuesta a la dureza de las medidas laborales que prepara será una huelga general, según captó un micrófono abierto.
Todo un desafío para los sindicatos -en particular para UGT por su hermanamiento con el PSOE,ahora en la oposición-, que ya en el pasado reciente han mostrado una reticencia extraordinaria a embarcarse en una protesta de este calibre. Si, como casi todo el mundo vaticina, la reforma del mercado de trabajo, cuya aprobación está prevista para el próximo viernes, es de una profundidad equiparable a la de la crisis económica -España se asoma a su segunda recesión en apenas tres años-, las grandes centrales no van a tener otro remedio que promover el paro. Su dignidad y razón de ser están en juego.
Si hay que fiarse de los rumores de los conciliábulos políticos y de las declaraciones de responsables del Ejecutivo, los cambios legislativos en ciernes serán drásticos en los contratos de trabajo, en el coste del despido, en los fondos destinados a formación y en la negociación colectiva. Cada modificación que se insinúa, según la experiencia acumulada desde la Transición, hubiera sido motivo suficiente para una huelga general en otra época. Así de fácil van tener Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo la toma de una decisión. Pero lo difícil será sacarla adelante con un resultado aceptable para sus intereses.
¿Se puede permitir el país otra huelga general en plena recesión? Una protesta de este tipo siempre es un trauma social y económico; pero, por mucho éxito que tenga, económicamente su alcance no empeorará mucho más la situación. La pregunta está entonces en si se la pueden permitir los sindicatos y el Gobierno.
Cuánto cuesta
Hacer las cuentas en términos de riqueza nacional del coste de una huelga general resulta muy complicado. El cálculo más elemental es dividir el Producto Interior Bruto anual entre los días laborables de un año, lo que podría dar una cifra máxima inferior a los 3.000 millones de euros. Pero es una estimación ficticia porque para ello tendría que parar todo el país, incluidos los servicios mínimos y los no asalariados. A modo de comparación, en 2002, en la movilización de ese tipo contra el Gobierno del PP que presidía José María Aznar, se facilitó el dato oficial de unas pérdidas de 250 millones para un seguimiento del 26%.
Sin embargo, cada vez más, y debido a la crisis, los asalariados pactan con los empleadores la recuperación de las horas perdidas por una huelga general -que no va dirigida contra la empresa-, lo que reduciría las pérdidas económicas, e incluso las de la Seguridad Social, dado que los días de paro no son cotizados, normalmente, ni por unos ni por otros.
Para un empleado, el coste en su sueldo que le supone sumarse a una protesta de esa dimensión es más fácil de calcular: basta con multiplicar el número de horas de la jornada diaria por la retribución de una hora. Es decir, un máximo de ocho horas por una precio medio de 14,80 euros, lo que da la cifra de 118,4 euros, que le serán descontados de la nómina del mes y de las pagas extras, si las tuviera.
Las centrales pueden pagar un alto precio. Se juegan su credibilidad, prestigio e influencia en una convocatoria de esta índole. En ocasiones han obligado al Gobierno a dar marcha atrás, generalmente de manera parcial. Desde Felipe González en 1988 a José María Aznar en 2002, no es infrecuente que una huelga general tenga ese efecto.
Sin embargo, es la aventura que más odian los sindicatos porque pone a prueba su estructura, economía y capacidad de convocatoria. Para promover un paro general necesitan un mínimo de dos meses de trabajo intenso: empiezan a extenderla por las empresas y las comarcas con asambleas de afiliados y delegados, y terminan por los medios de comunicación.
Además, dentro del mundo sindical comienza a arraigar el debate sobre en qué medida las centrales deben defender unos derechos sociales y laborales cuya reforma ha sido respaldada masivamente por los votantes, como ha sucedido en las últimas elecciones generales, las del 20 de noviembre, que dieron la mayoría absoluta al PP de Mariano Rajoy. Existen «legitimidades cruzadas», admite un destacado sindicalista, que dan a las centrales argumentos para actuar pese a tener constancia de que «muchos trabajadores» han apoyado al Gobierno.
Los convocantes de la máxima protesta laboral deben tener en mente a la hora de tomar una decisión el axioma sindical de que «las huelgas generales se hacen para ganarlas». Y ello se puede conseguir por dos vías: por un elevado seguimiento o por obligar al Ejecutivo a retroceder en los planes contra los que va dirigida la movilización. Pero sucede que ambas vías están estrechamente ligadas, y la experiencia de las últimas convocatorias, cuando la crisis y el paro no habían alcanzado los niveles actuales, no invitan al optimismo. Ahora bien, no es menos cierto que las que el lenguaje sindical denomina 'agresiones' no alcanzaron entonces el nivel de las que se presumen ahora.
El precio para el Gobierno
Una huelga general no es trago de gusto para ningún Gobierno, que siempre ha pagado un precio político por ellas, sea en forma de imagen o de votos. Pero es una realidad constatada por los expertos que estas protestas cotizan al alza en los mercados financieros y favorecen la bajada de la prima de riesgo de la deuda soberana de un país. Ya se ha podido comprobar en varias ocasiones en Europa durante la presente crisis. ¿Por qué? Porque una huelga general suele ser siempre consecuencia de profundos recortes sociales y laborales, que son bien vistos por los defensores de la economía neoliberal, la que impera en las dos últimas décadas.
En cualquier caso, desde 1985 todos los presidentes del Gobierno -González, Aznar y Rodríguez Zapatero- han sufrido algún paro de este tipo, por lo que comienza a ser considerado más como un blasón que como una mancha por los denominados 'mercados'.
Es todavía una incógnita el daño que pueda sufrir la imagen del Gobierno del PP por una huelga general, aún hipotética. Dependerá del calibre de las reformas que la desencadenen y de la gestión que realice de la convocatoria. Con unas elecciones generales muy lejanas, solo la inminencia de las andaluzas puede preocupar al Ejecutivo popular en este capítulo. Por otro lado, es un dato a tener en cuenta para Mariano Rajoy la pérdida de la paz social que un acto de ese tipo supone, ya que se trata de un activo que se valora por sí mismo.
La reforma
A una semana de la decisión del Ejecutivo, la profundidad de la reforma laboral sigue siendo una incógnita. E incluso hay aún quien sostiene que no agotará su recorrido hasta que pasen las elecciones andaluzas del 25 de marzo. De las declaraciones de responsables del Gobierno y fuentes próximas al mismo se puede esperar que afectará a los contratos, al coste del despido, a los fondos destinados a formación y a la negociación colectiva.
Desde el mundo sindical y empresarial, lo peor recibido sería la introducción de cambios -a estas alturas serían ya sin consensuar- en el sistema de convenios colectivos. Ambas partes ya lanzaron el mensaje al Ejecutivo de que no desean que se inmiscuya en este asunto, en el que echaron el resto en el reciente acuerdo marco sobre negociación colectiva, que recoge un fuerte sacrificio salarial de los trabajadores e importantes elementos de flexibilidad interna en las empresas: sueldos contenidos a cambio de estabilidad en el empleo.
