El ministro Gallardón quiere que en adelante tanto para casarse como para divorciarse baste acudir a una notaría, pasando por alto otro tipo de trámites judiciales. En el espíritu de la nueva ley de mediación y jurisdicción voluntaria late la idea de que el matrimonio equivale a la constitución de una sociedad limitada entre dos personas cuyo objeto social es un núcleo de convivencia.
Parece claro que por ahí se camina hacia la privatización del vínculo y, abierta esa espita, no descartemos que el sector empresarial entre en liza. Quién sabe si un día no veremos publicidad en la sala de firmas y en el Libro de Familia: «Este casamiento ha sido patrocinado por arroz Socarrao»; y a los invitados arrojando puñados promocionales al grito de «¡Vivan los socios!».
Ya algo más en serio recordaremos que la boda civil surgió en el contexto de la campaña descristianizadora de la Revolución francesa, que instauró la obligatoriedad del registro municipal el año 1792. Hasta entonces no tenía validez otro matrimonio que el contraído ante un religioso: solo había una forma de casarse y esa era 'como Dios manda', por usar la expresión tópica de nuestros mayores. Aunque, para ser justos con la verdad, tampoco Dios 'ha mandado' siempre lo mismo.
El Derecho canónico anterior al concilio de Trento de 1563 consideraba que el simple consentimiento de las partes, su voluntad de unión, bastaba para anudar a una pareja, con bendición sacerdotal o sin ella. La solemnidad y la obligatoriedad del sacramento se impusieron a partir de aquel concilio ante la proliferación de matrimonios clandestinos y para un mayor control civil.
Dicho sea esto en general, pues en el País Vasco la institucionalización del matrimonio religioso fue tardía. Lo sabemos por un reciente libro donde la doctora Maïte Lafourcade condensa toda una vida de estudio en torno al Derecho vasco, tan interesante como desconocido dentro y fuera de nuestro país (publicado en francés con el título 'La société basque traditionnelle', su valor reclama una traducción al castellano en breve).
En sus páginas se describe cómo el 'concubinato notorio' estuvo muy extendido entre nosotros antes y también después de Trento. Bajo amenaza de excomunión, la Iglesia lo persiguió y combatió pero todavía en el siglo XVIII se constataba una pervivencia del recuerdo y de la práctica de ese antiguo uso por el que parejas con hijos convivían libremente sin contrato sacramental.
La profesora Lafourcade muestra que el número de nacimientos ilegítimos y de concepciones prenupciales era excepcionalmente elevado en el País Vasco a finales del Antiguo Régimen comparativamente con otras regiones mucho más impregnadas de moral cristiana. Ello parece matizar algunos lugares comunes sobre la penetración y el dominio social de la ortodoxia religiosa en nuestro ámbito. Otro aspecto que nos parece reseñable es que los hijos naturales en el sistema hereditario vasco gozaban de derechos de sucesión, lo cual les estaba completamente negado en Francia desde tiempos de Carlomagno.
Ya en nuestros días las bodas civiles aumentan al par que disminuyen las religiosas. Todo evoluciona, todo cambia. Pero todo sigue desquiciado: la Conferencia Episcopal denuncia el matrimonio civil como una banalidad comparable a «un contrato telefónico», en expresión de su portavoz; y, a su vez, «los notarios no creen en las sagradas escrituras», de acuerdo con una vieja humorada popular. O sea que en asuntos nupciales vivimos instalados en un permanente divorcio.
