El Ayuntamiento de Urnieta, mediante un comunicado institucional, muestra su total solidaridad con las familias afectadas por el robo y adopción ilegal de recién nacidos y se compromete a colaborar, dentro del ámbito de sus competencias, con las asociaciones y afectados.
El Consistorio entiende que garantizar el derecho a la verdad exigida por los afectados, es decir, el derecho a ser informados del destino de los familiares desaparecidos, es una obligación política de las autoridades competentes a nivel local, territorial y autonómico, así como estatal.
De igual manera, se pide a todas las instituciones vascas, en especial a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco, que adopten cuantas medidas sean necesarias y estén a su alcance para garantizar el derecho a la verdad exigido por las asociaciones afectadas. Solicita a la Diputación Foral de Gipuzkoa que, entre otras posibles medidas, cree un servicio de asesoría de atención al colectivo afectado.
El Ayuntamiento, además, solicita a las Juntas Generales de Gipuzkoa que se comprometan a continuar con los trabajos iniciados en la Comisión de Políticas de Igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica hasta la clarificación de los hechos.
Además de la declaración institucional en sí, el Pleno Municipal aprobó con el único voto favorable del PSE-EE, pero con la abstención del PNV y Bildu, una moción presentada por los socialistas en la que, entre otras cosas, insta al Fiscal General del Estado a dictar instrucción, ordenando a las Fiscalías que promuevan y faciliten la apertura de procesos judiciales y la investigación en relación con las denuncias relacionadas con los niños robados.
La trama de los bebés robados va a más según pasa el tiempo y avanzan las investigaciones. En Gipuzkoa se han registrado ya más de 300 denuncias de presuntos casos de niños robados. Ante ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa hicieron pública una declaración institucional para mostrar su solidaridad con todos los afectados. Asimismo, solicitaron a todas las instituciones vascas, en especial a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco, que adoptaran las posibles medidas para esclarecer la verdad.
Como respuesta, el Ayuntamiento de Urnieta ha publicado una declaración institucional comprometiéndose a colaborar en lo posible para garantizar el derecho a la verdad. A su vez, insta a la Diputación y al Gobierno Vasco, al igual que las Juntas Generales, a tomar las medidas necesarias y a crear un servicio de asesoría para los afectados.
Además, se pide a las Juntas Generales que continúen con los trabajos iniciados hasta esclarecer los hechos.
