La Diputación pagará la prestación que les corresponde a las personas con dependencia leve durante este año, después de que el Gobierno central haya aplazado el acceso a este derecho recogido en la Ley de Dependencia. El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, anunció ayer que «la moratoria de un año impuesta por el presidente Mario Rajoy en la aplicación de la Ley de Dependencia no tendrá efectos sobre la ciudadanía guipuzcoana. La Diputación se hará cargo de abonar las ayudas que les corresponden íntegramente».
El objetivo del ajuste, según anunció en su día el Gobierno central, es reducir el déficit a los niveles exigidos por Europa, que marca un tope del 4,4% para este ejercicio.
La norma que recoge el tijeretazo es el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, donde se regulan las medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Ahí se aplaza el acceso a ciertas prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia. La ley del año 2006 establece que los grandes dependientes (grado III en sus niveles 1 y 2) debían acceder a ayudas durante 2007; quienes sufren una dependencia severa (grado II, niveles 1 y 2) lo hicieron entre 2008 y 2010; y los dependientes moderados en su nivel más grave (grado I, nivel 2) deberían tener prestación entre 2011 y 2012.
«Enorme paso atrás»
En palabras del diputado foral, «establecer una moratoria en la Ley supone un enorme paso atrás en el desarrollo del Estado de bienestar en nuestro territorio». El Gobierno foral, indicó Rodríguez, está en contra de los recortes sociales impuestos por el Ejecutivo central para hacer frente al déficit público. «Por ello, el departamento de Política Social reconocerá la prestación que, de acuerdo con la Ley, les corresponde a las personas valoradas con un grado de dependencia leve. Con esta decisión, volvemos a dejar patente el compromiso de esta Diputación con las personas con mayor necesidad».
Rodríguez explicó que el calendario para el desarrollo de la Ley de Dependencia establece que a partir de 2011, las personas valoradas con un grado de dependencia 1.2 tienen derecho a percibir una prestación económica. «·El Gobierno español, sin embargo, ha establecido una moratoria para paralizar a lo largo de 2012 el acceso a esta ayuda económica. Por ello, la Diputación asumirá el pago íntegro de las prestaciones que les corresponden a las personas que sean valoradas con grado 1.2 durante este año». Esta medida supondrá un desembolso aproximado de 325.000 euros para las arcas forales.
A día de hoy, 1.381 personas catalogadas con grado 1.2 cobran esta prestación en el territorio. De acuerdo con los cálculos efectuados por el departamento, más de 300 se incorporarán a esta ayuda en 2012.
Durante los últimos años, en Euskadi se ha evaluado a 78.855 vascos con diferentes grados de discapacidad, según la última estadística del Imserso, correspondiente al 1 de diciembre. En estos momentos, 43.541 vascos son beneficiarios de algún tipo de prestación. La inmensa mayoría son grandes dependientes o sufren una discapacidad severa. Durante 2011, alrededor de un millar de dependientes moderados también han conseguido las ayudas que les corresponden.
Sin embargo, los 8.000 a quienes ya se les ha reconocido el grado I, nivel 2, pero que aún no perciben prestación, debido a la moratoria señalada deberían esperar a 2013. En el caso de Gipuzkoa, la Diputación abonará la cantidad para evitar que durante el año en curso se queden sin percibir la prestación. La dependencia moderada afecta a quienes sufren una discapacidad que les limita en cierta medida para las actividades de la vida diaria, por ejemplo, invidentes con restos mínimos de visión o a personas con discapacidades mentales no profundas.
