La masiva reducción de escoltas se extiende a los jueces vascos. Los gobiernos central y vasco trasladarán la próxima semana a la cúpula judicial su decisión de retirar a la mayoría de los magistrados el servicio de guardaespaldas y sustituirlo por diferentes sistemas de contravigilancia. La reunión está prevista para el día 10, y en ella participarán, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, responsables del Departamento de Interior y el recién nombrado delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.
En la actualidad, alrededor de 80 jueces y fiscales -de los más de 200 profesionales que ejercen su labor en Euskadi- disponen de escolta. Aunque ninguna de las fuentes consultadas por este periódico ha querido dar datos exactos que cuál será la modificación, todas las partes implicadas coinciden en que una fórmula que no generaría discrepancias sería la de mantener la protección a los presidentes de Sala y de las tres audiencias provinciales, al juez decano que cuenta con liberación profesional y a los fiscales con cargo oficial, además de aquellos magistrados y representantes del ministerio público que hayan sido amenazados por ETA de forma directa.
La decisión se enmarca dentro de la revisión de los sistemas de vigilancia tras el «cese definitivo de la actividad armada» decretado por la banda a finales de octubre. El propio ministro, Jorge Fernández Díaz, reconoció el martes en el Congreso que estaba preparando una «importante» reducción de las escoltas a todos los colectivos amenazados. Lo vinculó a la necesidad de aliviar los gastos de las instituciones públicas ante la actual crisis económica.
Las fuentes gubernamentales consultadas subrayan que las modificaciones que se van a aplicar en la protección de los jueces y fiscales de Euskadi están basados en «razonamientos técnicos» y no monetarios. Portavoces del Departamento de Interior advierten de que la situación «ha cambiado» tras el anuncio de ETA y que si persistiera una amenaza real todos los magistrados proseguirían con guardaespaldas.
El colectivo judicial era uno de los pocos que, desde octubre pasado, no se había visto afectado por la reducción de escoltas. La eliminación de la protección a los viceconsejeros del Gobierno vasco a mediados del mes pasado ya hizo prever a muchos magistrados y fiscales que los siguientes en la lista serían ellos.
Polémica en abril pasado
La cúpula judicial siempre se ha mostrado reticente a los cambios en la seguridad privada. Argumentan que el colectivo ha sido desde 2001 uno de los objetivos prioritarios de ETA. En noviembre de aquel año la banda terrorista asesinaba a tiros en el garaje de su domicilio en Getxo al magistrado de la Audiencia de Bizkaia José María Lidón. Fue entonces cuando se activó un programa individualizado de vigilancia que de forma paulatina se fue extendiendo a la gran mayoría de los jueces que trabajan en Euskadi.
Las cosas, sin embargo, han cambiado en el último año. Consejería de Interior y la cúpula de los jueces se llegaron a enfrentar, incluso, en abril del año pasado, cuando el departamento que dirige Rodolfo Ares redujo parte de la vigilancia que se prestaba. La decisión más importante entonces fue la de dedicar un solo escolta, en vez de los dos habituales, a una parte importante de la magistratura.
