Malos sin paliativos. Así son los datos de los Servicios Públicos de Empleo (el antiguo Inem) correspondientes al mes de enero. Se mire por donde se mire, el cáncer de la economía española se extiende sin remedio. El año comienza con 177.470 desempleados más, un 4% más que en el mismo mes de 2011, y eleva el número de parados a 4.599.829, la cifra más alta desde 1996. Sufrieron todos los sectores de actividad y la contratación también encogió, en especial la indefinida, en el segundo peor enero (un mes siempre malo para el mercado laboral, pues acaba la temporada navideña) desde 1997 después del de 2009. En los últimos doce meses, 368.826 personas más han engrosado la cola del paro, un 8,72% más que un año antes.
Al tiempo, la afiliación media a la Seguridad Social descendió en enero en 283.648 cotizantes, lo que supone una destrucción de empleo de 9.151 puestos de trabajo al día. Ante semejante tesitura (más paro y menos cotizantes), el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se esforzó por quitar hierro a un eventual recurso a la denominada 'hucha de las pensiones', para la que el Ejecutivo aspira a encontrar fórmulas alternativas que eleven los ingresos. «No sería dramático», sentenció. El sistema de protección «no peligra», subrayó Burgos, pero el ratio entre afiliados y pensionistas (número de trabajadores que 'pagan' a cada prestatario) se sitúa ya en el 2,42%, la tasa más baja desde 2003.
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, comenzó su explicación sobre los datos de desempleo -que calificó de «drama»- argumentando que las últimas reformas del mercado laboral realizadas por el Gobierno socialista no evitaron un aluvión de despidos como reacción inmediata y casi única de las empresas ante la caída de la actividad.
Por eso incidió en que los cambios que prepara el gabinete de Mariano Rajoy se centrarán en la flexibilidad interna en busca de que la cola del paro sea la última opción ante cualquier problema. «Se trata de devolver la confianza a trabajadores y empleadores para que, juntos, puedan superar la crisis», afirmó. El objetivo, explicó consciente de que la reforma por sí sola no generará empleo, es «dar estabilidad, flexibilidad, garantizar un derecho individual a la formación de cada persona y frenar el absentismo».
Hidalgo, que guardó un escrupuloso silencio sobre los planes del Ministerio de Empleo, sí recalcó que la inminente reforma no alterará las prestaciones por desempleo que, dijo, es una partida «intocable» en los presupuestos del Estado. En todo caso, dijo que «si hay que aumentarla, se aumentará». A lo que añadió que el equipo de Fátima Báñez se esmerará en combatir el fraude entre aquellos que cobran prestación sin tener derecho a ello.
Burgos también reconoció un mal mes de enero para la Seguridad Social, que desde julio de 2007 (su mejor momento) ha perdido más de 2,5 millones de afiliados por la crisis.
