Los cazadores están obligados a suscribir el seguro que les impone la Federación Vasca de Caza, según una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia a la que ha tenido acceso este diario. La resolución zanja el conflicto legal que se inició en 2009, cuando el colegio de mediadores de seguros de Gipuzkoa denunció ante el Tribunal de Defensa de la Competencia la obligación de que el contrato para reparar los daños causados por los cazadores se suscriba con la compañía que decida la federación. Este organismo había denegado licencias pedidas con primas suscritas con otras empresas, ya que se habían dado casos de personas que habían reclamado que se les descontaran los 40 euros que cuesta el seguro anual porque contaban con otro.
Los dirigentes federativos se negaron a estas prácticas con un argumento: si cada cazador se presenta con un seguro distinto, les sepultaría el trabajo administrativo de constatar que cada uno de ellos cumple los requisitos necesarios por la reglamentación para cubrir los posibles percances causados durante la actividad cinegética.
Competencia entendió en febrero de 2010 que la Federación de Caza incurría en «una práctica abusiva» al establecer una póliza única para todos los aficionados, impidiendo a quienes solicitan la licencia administrativa «aportar su seguro individual, aunque éste garantice las mismas coberturas». En opinión de ese tribunal, «este tipo de obligaciones impuestas son susceptibles de infringir el derecho de la competencia si no se justifican en base a razones objetivas».
«Función administrativa»
La Federación de Caza impugnó la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La sentencia que zanja el conflicto y avala la tesis de los dirigentes y de la dirección de Deportes del Gobierno Vasco, su aliado en la batalla jurídica. Según el TSJPV, la licencia lleva aparejado un seguro y éste lo contrata la federación para todos los federados. La sentencia resuelve que la «expedición de licencias es una función administrativa» que las federaciones ejercen por delegación de los poderes públicos. Por tanto, prosigue, tienen facultades «para establecer determinados requisitos en cuanto a su constitución y funcionamiento».
El Tribunal Superior resuelve que considerar que la Federación de Caza tiene una posición dominante «es inadecuado». Frente a la petición de mayor libertad para la contratación de seguros, la sentencia fija que las prohibiciones sobre posiciones monopolísticas «no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de una ley», como es el caso de la tramitación de licencias y de sus seguros.
La ley estatal del Deporte de 1998 establece que las licencias federativas «llevarán aparejado un seguro». Además, añade el tribunal, el decreto de Federaciones Deportivas del Gobierno Vasco «vincula a la competencia pública de la tramitación de licencias federativas la contratación de los seguros colectivos que han de garantizar las coberturas obligatorias». «Por tanto, ese seguro ha de ser concertado por cada federación deportiva del País Vasco», aclara.
En Euskadi existen más de 45.000 licencias de caza. Un seguro obligatorio cuesta unos 40 euros anuales y cubre indemnizaciones de hasta 300.000 por daños. No obstante, existen pólizas voluntarias con mayores coberturas y lógicamente más caras. La sentencia supone un alivio no solo para la Federación de Caza, sino para la del resto de deportes, que ven como cierra la posibilidad de que sus asociados opten por seguros individuales.
