El nuevo convenio con la promotora de la urbanización de Voith-Gorostidi y la moción para exigir la liberación del preso tolosarra Pello Odriozola fueron los dos temas centrales del extenso Pleno celebrado por la corporación el martes, que acabó ya entrada la noche. En el primer caso se trataba de articular los derechos y obligaciones en el caso de que no se llevara a cabo el soterramiento de la calle Larramendi. En el segundo, aprobar una moción de las asociaciones Egin Dezagun Bidea y Lizardi Kultur.
El convenio de Voith-Gorostidi establece un cálculo de 2.500.000 euros como importe del dinero que costaría el soterramiento, y que la promotora tendría obligatoriamente que invertir en el barrio en el caso de que no se ejecutara este paso inferior, construyendo nuevos equipamientos sociales, como un edificio elevado que se emplazaría junto al chalet de Arkaute. Su futuro uso quedaría definido más adelante. Podría ser una sociedad y también una guardería para los niños. Asimismo, se destinarían los bajos del nuevo edificio que aún resta por construir en el barrio a más locales para uso dotacional.
En el caso de que el coste de la realización del nuevo proyecto de urbanización y de las obras de equipamiento no alcanzara tal cantidad, la promotora deberá abonar la diferencia en metálico al Ayuntamiento.
En el convenio también se exime a la promotora de cualquier indemnización en el caso de que no se ejecutara el paso inferior, y los vecinos decidieran denunciarlo por vía judicial. Una posible sentencia en contra del Ayuntamiento mantendría indemne a la promotora.
El debate no arrojó novedades. Bildu y Aralar están en contra del soterramiento, mientras que PNV y PSE defienden mantenerlo. El portavoz del PNV, Jokin Azkue, volvió a criticar la actitud que el gobierno municipal está adoptando en este tema. Dijo que corría el riesgo de generar «un enfrentamiento vecinal entre dos bandos», se mostró muy contrario «al tipo de participación que el Ayuntamiento ha propiciado, porque de alguna manera se ha impuesto sin consultarlo previamente con los vecinos», y alertó sobre un riesgo económico para el Ayuntamiento en el caso de que no se ejecutara el soterramiento y algunos vecinos apelasen a la vía judicial para exigir indemnizaciones.
El alcalde, Ibai Iriarte, recordó que se ha creado un grupo de trabajo vecinal, integrado por varios residentes en el barrio, y es éste el que está llevando a cabo todo el proceso participativo. «No son los técnicos ni los políticos quienes van a decidir sino los propios vecinos, nosotros creemos en ellos». Iriarte aseguró no querer propiciar enfrentamientos vecinales, sino justo todo lo contrario. «No queremos trincheras ni barrios dormitorios. Queremos un barrio vivo».
Y, en relación a una indemnización por una hipotética reclamación, el alcalde confiaba en que no llegase tal extremo, porque son los vecinos quienes al fin van a decidir la alternativa que quieran, y además el Ayunatmiento cuenta con un informe técnico que califica de muy difícil que se emita una sentencia contra la promotora. «Aunque los técnicos nunca van a decir que es imposible que ocurra», opinó.
El PSE-EE votó en contra del convenio y reiteró su postura favorable al soterramiento. Los socialistas creen que la actitud del actual gobierno municipal «pudiera derivar en una estafa» a los propietarios de las nuevas viviendas.
El PSE señaló en su día que el proyecto inicial contemplaba unos «determinados» bloques de viviendas con unas superficies y calidades específicas, e incluía el soterramiento. Los socialistas están convencidos de que la urbanización proyectada le dio un valor añadido al proyecto y por ende a los pisos.
