La reforma que puso el martes sobre la mesa el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha devuelto a la educación a la primera línea de la confrontación política, y, como las siete reformas anteriores que se han realizado en la democracia, ha vuelto a enfrentar a los sectores educativos e ideológicos.
La reforma afecta a varios de los ciclos educativos más importantes (a la Educación Secundaria Obligatoria, al Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio) aunque las reacciones más enfrentadas han sido las referidas a la futura desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y su sustitución por la de Educación Cívica y Constitucional.
«Doctrinaria»
Desde las comunidades gobernadas por el PP se aplaude la intención del Ejecutivo de poner fin a una asignatura que han tachado de «doctrinaria», tesis que han secundado muchas organizaciones educativas, frente a las autonomías dirigidas por el PSOE, que instan al departamento que dirige Wert a aclarar por qué está mal enfocada o por qué la nueva asignatura no va a ser sectaria.
Por el contrario, Alfredo Pérez Rubalcaba lamentó que el argumento para eliminar la Educación para la Ciudadanía sea el del adoctrinamiento, «cuando se está pensando en eso». En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, defendió la Educación para la Ciudadanía (EpC) e instó al Gobierno a aclarar en qué está mal enfocada, mientras que el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ve una «involución».
