Los atentados que ETA cometió contra sedes judiciales a lo largo de su historia pudieron haber contribuido a la desaparición de parte de la documentación que ahora intentan encontrar los afectados por los supuestos casos de robos de bebés. Los expedientes son necesario para que estas personas conozcan la verdad de lo ocurrido y puedan interponer las denuncias ante los fiscales.
Así lo afirmó ayer el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, tras asegurar en una entrevista radiofónica que «mucha de la información que debía corresponder al sector judicial desapareció debido a un atentado de ETA cometido contra las instalaciones del registro -civil de San Sebastián- en 1975». En palabras del consejero, «ETA voló muchas más cosas de las que quería hacer desaparecer».
Bengoa se refirió así a los informes realizado por la viceonsejera de Justicia del Gobierno Vasco, Victoria Cinto, para tratar de esclarecer las causas de la desaparición de archivos en los registros civiles de Euskadi, como así han denunciado desde Bebés SOS Robados, el colectivo de afectados por estas adopciones irregulares.
En dichos informes, entre otros supuestos, se hace referencia a las inundaciones ocurridas en sedes judiciales como la de Eibar, en donde la documentación del archivo comienza en 1979; las malas condiciones en las que antaño se guardaban los expedientes en sótanos; o a las remodelaciones como la ocurrida en el Registro Civil de San Sebastián, en 1975, por parte del Ministerio de Justicia, tras lo que «el grueso de lo que se conserva es documentación a partir de 1976». En este último caso, se deduce que los archivos de fechas anteriores no estarían completos, como han constatado afectados que han querido acceder a ellos.
En los informes elaborados por el equipo de la viceconsejera Cinto, que visitó personalmente todas las sedes judiciales, también se hace referencia la posible influencia de la actividad de ETA en la desaparición de los documentos.
Todos sufrieron atentados
No en vano, como recuerda la propia Victoria Cinto, «todos los palacios de justicia» de Gipuzkoa han sufrido atentados de la organización terrorista. Azpeitia, Tolosa, Irun, Bergara, Errenteria... Algunos, recibieron el azote de ETA en varias ocasiones.
Uno de esos atentados -al que se refirió ayer el consejero Bengoa- tuvo lugar en 1975, en el Palacio de Justicia de la calle San Martín de Donostia. En aquella fecha, según Cinto, el registro civil estaba ubicado allí. «Tanto en este caso como en el de otras sedes judiciales es posible que se haya podido perder documentación como consecuencia de los destrozos de los atentados, aunque no tenemos certeza de ello», asegura la viceconsejera.
Desde el Departamento de Justicia, recuerdan que el registro civil de San Sebastián ha sufrido cambios de ubicación, pero recalcan que «cuando fueron traslados organizados por el Gobierno Vasco se tiene constancia de que no se sufrieron pérdidas ni deterioros».
Asimismo, aclaran que la documentación judicial y su conservación en lo registros civiles es competencia de los órganos judiciales. En este campo, el Gobierno Vasco actualmente tiene la competencia de los medios materiales, como los edificios que acogen los registros civiles.
Al margen de los atentados, Bengoa se refirió también ayer a la labor de los hospitales públicos, que están recabando datos para a entregar a los afectados por los supuestos casos de bebés robados, y a la de las clínicas privadas, que «han empezado a participar de forma activa buscando información».
