El ministro del Interior moduló ayer su posición respecto a los presos de ETA. Una semana después de que Jorge Fernández Díaz vinculara los beneficios penitenciarios a la disolución de la organización terrorista, el responsable de Interior se mostró más cercano, por ejemplo, a las tesis que defienden los socialistas. Así, dejó claro que el escenario que maneja su departamento es impulsar la «reinserción individualizada» de los reclusos de ETA que pidan perdón y rompan con la banda. La misma tesis que hace siete días expuso delante de él el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, en su reunión en Euskadi.
Fernández dio ayer cuenta de sus planes en la Comisión de Interior del Congreso. A diferencia de sus primeras intervenciones, caracterizadas por la dureza, el ministro mezcló firmeza con mano izquierda, en línea con la estrategia que quiere aplicar en Euskadi el presidente Rajoy, que el viernes se reunió con el lehendakari y comenzó a acercar posturas en esta materia. Pese a ello, ayer no hubo asomo de medidas colectivas con los presos de ETA como el acercamiento más o menos masivo que reclaman, entre otros, la izquierda abertzale, el PNV o el propio Patxi López. Por el contrario, Fernández sí habló de «generosidad», «amplitud de miras» en un «momento trascendente» y de «sentido de Estado» para «gestionar el final del terrorismo», unas palabras apreciadas por los nacionalistas vascos.
La clave principal se sitúa, por tanto, en la política penitenciaria. El ministro aclaró la estrategia de su partido. Dejó claro a los parlamentarios que poco o nada va a cambiar en esta materia, pero esta vez no ligó cualquier movimiento en las cárceles con la disolución de ETA. La postura del PP será mantener intactas las líneas que ya fijó el Gobierno socialista, es decir que cualquier beneficio a los reclusos de ETA será personalizado y solo para aquellos internos que rompan con la banda y pidan perdón a las víctimas. Por contra, no dijo ni palabra de excarcelaciones de enfermos o de internos con las condena avanzadas.
Marcar el terreno
El ministro y, por ende, el Gobierno quieren marcar los ritmos del nuevo escenario vasco, y no permitirán que sean las exigencias de ETA o la izquierda abertzale las que le indiquen el camino a seguir. Sin romper y sin perdón no habrá nada porque el Estado todavía desconfía de los «engaños» y las «burlas» de ETA, explicó. «La verdadera prueba de que los violentos han decidido terminar con sus actividades de forma definitiva y no meramente táctica es reconociendo el daño que han causado a las víctimas y mostrando el arrepentimiento pidiendo perdón», insistió el ministro.
En ese punto, el dirigente popular pidió a todos los grupos de la Cámara, excepto a Amaiur, el «máximo consenso» en la política penitenciaria para conseguir que el mayor número de presos «sometidos a la banda terrorista» den «los pasos que otros han dado y la ley se pueda aplicar con toda generosidad».
El PSOE ofreció su «lealtad, unidad, confianza» y apoyo al Gobierno en esta estrategia de reinserción individualizada de presos de ETA. Iñaki Esteban (PNV) e Iker Urbina (Amaiur) pidieron, por su parte, cambios en política penitenciaria. El PNV, partido que ha ofrecido al Gobierno colaborar en el camino hacia la paz definitiva, esperaba más mano izquierda de Fernández pero admitió que ha habido «un tono distinto», según fuentes jeltzales.
De la prudencia con que se quiere conducir Rajoy en este terreno da fe el hecho de que las víctimas tendrán la posibilidad de manifestar su opinión sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Así lo anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras una reunión con la AVT.
Un fiel reflejo de que el PP asume el nuevo tiempo sin violencia en Euskadi es la ratificación de la reducción de escoltas. El ministro de Interior no se atrevió a precisar cifras, pero advirtió de que el recorte será «importante». Fernández confirmó en el Congreso que su departamento ya estudia un plan para una reducción considerable de los escoltas, la mayoría destinados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, dentro de la política de «política de austeridad y racionalización en el empleo de los recursos públicos». Según sus cifras, en España más de 1.500 personas tienen escolta, a las que se suman los electos locales, protegidos por policías municipales. Un gasto de 160 millones de euros anuales, de los cuales cien están dedicados a sufragar a los escoltas privados en Euskadi.
