Plataforma de Zubieta donde se ubicarán las instalaciones. Foto: Michelena
El PSE denunció ayer que el Consorcio de Residuos (GHK) «está rayando la insolvencia por culpa de Bildu». Así lo aseguró el secretario de Medio Ambiente en Gipuzkoa, Denis Itxaso, acompañado por la portavoz socialista en las Juntas Generales, Rafaela Romero. Itxaso señaló que los técnicos de GHK informaron del delicado estado financiero de la entidad en la reunión del Consejo de Administración del pasado día 19.
Itxaso explicó que los bancos han dejado de prestar dinero a GHK «porque no se fían». El Banco Europeo de Inversiones, Banesto y La Caixa concedieron al Consorcio en la pasada legislatura 262 millones de euros para la construcción del Centro de Residuos de Zubieta, donde se tenía previsto ubicar la incineradora.
La primera decisión del Consejo de Administración del Consorcio constituido tras las elecciones forales, con mayoría absoluta de Bildu, fue paralizar el proyecto básico de la planta. A su vez, en la Diputación se ordenó dejar en suspenso la modificación del Plan Territorial Sectorial vigente.
Itxaso aseguró que las entidades crediticias «han decidido cerrar el grifo hasta que no se presente una planificación realista y responsable». La consecuencia, en opinión de Itxaso, es que GHK «está rayando la insolvencia».
El dinero prestado no se encuentra en manos de GHK, sino que se va transfiriendo desde los bancos a medida que se justifican los gastos. Estas facturas tienen que corresponder a pagos derivados del proyecto para el que se firmaron los préstamos, es decir, las instalaciones previstas en Zubieta.
La falta de financiación ha provocado que el Consorcio se encuentre sin fondos para afrontar facturas que, de momento, ascienden a 4.200.000 euros. De esta cantidad, 2.400.000 corresponden a los honorarios de las empresas que redactaron el proyecto básico del Centro de Gestión de Residuos, 1 millón al Ayuntamiento de San Sebastián y 800.000 a Iberdrola.
El agujero financiero se agrava porque, aunque los bancos no transfieran fondos, siguen cobrando intereses. Estos suponen 200.000 euros mensuales.
Itxaso dibuja un escenario complicado para el Consorcio. «Para que los bancos abran el grifo sería necesario que, en los seis meses de moratoria pactada entre Bildu y el PNV para decidir si se construye o no la incineradora, se presente una nueva planificación».
El representante socialista recordó que se precisaron dos legislaturas para aprobar el Plan de Residuos actualmente en vigor. «Dudamos de la capacidad de Bildu y del PNV para presentar en seis meses una nueva estrategia alternativa a aquella».
Rafaela Romero correponsabilizó al PNV de la situación, debido al pacto presupuestario acordado entre los jeltzales y Bildu. El pacto supuso que la coalición sacase adelante las cuentas forales de este año, gracias a la abstención del PNV. Estos últimos aceptaron una moratoria de seis meses para decidir qué solución dar a los residuos. El acuerdo, según los jeltzales, establecía que la decisión final correspondería a las Juntas, donde Bildu está en minoría. La coalición, sin embargo, en una interpretación que ha dejado fuera de juego al PNV, asegura que el órgano decisorio será GHK, donde dispone de mayoría.
Rafaela Romero criticó que este acuerdo «ha debilitado enormemente la posición del Plan de Residuos. Es incomprensible que el PNV se preste a este juego perverso. Los jeltzales han consolidado el 'no' de Bildu al Plan de Residuos».
La portavoz socialista añadió que se ha llegado a esta situación porque el PNV «dejó a Bildu todo el poder institucional guipuzcoano implicado en la gestión de los residuos: la Diputación, los ayuntamientos y las mancomunidades».
Basura a Navarra
Como corolario de «esta locura», Itxaso señaló que se debería tramitar un Plan Territorial Sectorial que establezca la ubicación de las infraestructuras que esa nueva planificación dicte que hay que desarrollar. «Llama poderosamente la atención que, en este momento, la empresa que está redactando la modificación del PTS vigente haya paralizado sus trabajos por orden de la Diputación».
En opinión de Itxaso, esta medida supone que las dos plantas de tratamiento de materia orgánica (la de biometanización de Zubieta y la de compostaje de Bergara), no puedan avanzar por falta de planificación. Para los socialistas, Bildu pretende incrementar la recogida de materia orgánica e intenta esta «huida hacia adelante sin tener plantas para su tratamiento».
Entretanto, según el responsable socialista, la pasada semana Bildu acordó en el Consejo de Administración, sin el apoyo del PSE, una nueva derivación de los residuos orgánicos que «no somos capaces de gestionar en Gipuzkoa».
A las mil toneladas anuales que se pretenden trasladar al País Vasco francés, hay que añadir ahora otras 5.000 nuevas toneladas que se quieren llevar a Carcastillo o Ciordia. Se trataría, según el responsable socialista, de material orgánico «a medio compostar en la planta de Lapatx. El coste ascendería a 200.000 euros al año. Este es el resultado de la improvisación y falta de planificación de Bildu que está incrementado la recogida de materia orgánica, sin disponer de las instalaciones necesarias para su tratamiento».
Itxaso añadió que el esfuerzo que se está pidiendo a los guipuzcoanos para que separen en sus domicilios los residuos «cae en saco roto si finalmente se tiene que trasladar la basura a plantas de tratamiento alejadas de Gipuzkoa. Nada hay más insostenible que decenas de camiones quemando combustible por las carreteras transportando residuos».
El PP también alertó de la delicada situación del Consorcio. Juan Carlos Cano denunció que «los palos de ciego de Bildu provocan situaciones de insolvencia».
