El Tribunal Supremo imputó ayer al exministro José Blanco por su supuesta implicación en la operación Campeón, la trama fraudulenta de subvenciones públicas a empresarios gallegos. El alto tribunal le acusa de los delitos de cohecho y tráfico de influencias y será interrogado el próximo día 26, después de que el dirigente socialista pidiese declarar de forma voluntaria. «Estoy satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo. Espero que se disipen cuanto antes las falsas acusaciones», aseguró Blanco tras conocer su imputación.
El magistrado que instruye el proceso, José Ramón Soriano, acordó encausar al vicesecretario general del PSOE en un auto conocido en la mañana de ayer, muy poco antes de que diera comienzo en el Supremo el juicio contra el juez Baltasar Garzón por las escuchas a los abogados del caso Gürtel.
Blanco declarará de forma voluntaria, sin esperar a que el alto tribunal solicite el pertinente suplicatorio al Congreso de los Diputados, trámite formal para este tipo de causas especiales con aforados, ya que el exministro socialista es diputado nacional.
Precisamente, el abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó un escrito en el Supremo el pasado día 5 de enero en el que solicitaba poder conocer «la demanda, querella o actuación judicial de la que resulta la imputación», y además que se le permitiera conocer las actuaciones e instar a la práctica de diligencias y «cuanto a su derecho convenga».
La imputación de Blanco era un paso lógico, después de que la Sala de lo Penal viera indicios de delito y decidiera abrir una causa penal para investigarlo por cohecho y tráfico de influencias el pasado 28 de diciembre.
Esta decisión se tomó con el criterio favorable de la Fiscalía, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, que investiga la trama en Galicia, enviara una exposición razonada al Supremo sobre la supuesta implicación de Blanco en el fraude de subvenciones.
El centro de las acusaciones contra el número dos del PSOE parten del empresario Jorge Dorribo, propietario de la farmaceutica Nupel e imputado también en la causa, que le acusó de haber hecho gestiones en su favor a cambio de dinero. Lo hizo en una declaración ante la juez de Lugo en el pasado mes de octubre.
Poco después, Blanco llegó a admitir que sí se reunió con Dorribo en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), pero aseguró en un comunicado público que «no recibió ni cobró nada» del empresario, «ni directa ni indirectamente, ni en metálico ni en transferencia, ni en sus cuentas ni a través de personas interpuestas».
Sin embargo, Dorribo sostuvo ante la juez que instantes antes de verse con el exministro en la gasolinera de Guitiriz entregó a un primo político del exministro, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500, que se supone que éste entregó seguidamente a Blanco.
En la exposición razonada también se señala la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de la empresa de transporte Azkar, José Antonio Orozco, para que gestionara la concesión de una licencia con el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Una acusación que negó en rotundo el consistorio catalán.
