Los estatutos que los afiliados jeltzales ratificarán el próximo sábado en la asamblea general solo plantean un relevante cambio que permitirá al PNV erradicar y alejar de forma inmediata cualquier sospecha de mala -ilegal- praxis que recaiga sobre alguno de sus afiliados. La trama de presunta corrupción, conocida como caso De Miguel, destapado en Álava y en la que están acusados importantes exdirigentes jeltzales, causó un severo perjuicio a la imagen del partido.
La normativa interna del PNV impedía hasta ahora suspender de militancia, aunque fuera con carácter cautelar, a acusados por corrupción. Y por eso, Sabin Etxea se vio obligada a mantener un pulso público con el exdiputado general alavés, Alfredo de Miguel, o el exburukide Aitor Telleria para que entregaran su carné de afiliados. Lo hicieron varios meses después, tarde para un PNV que vio cómo el resto de partidos se le echó encima, y que ahora ha decidido atajar ese tipo de situaciones en cuanto se presenten.
A partir de ahora, los estatutos recogen en su artículo 14 la posibilidad de suspender de forma cautelar a la persona «imputada por un hecho delictivo» hasta que exista sentencia firme. En caso de condena, el EBB reclamará su expulsión ante el Tribunal Nacional del partido.
