El Congreso retirará su acreditación a los fotógrafos de prensa que, al desempeñar su trabajo en el hemiciclo y en las comisiones, vulneren los «derechos fundamentales» de los diputados, como puede suceder con la difusión de los documentos que manejan en sus escaños o de los mensajes recibidos en sus móviles.
La posibilidad de retirar la acreditación a los gráficos, por un plazo máximo de un año, está incluida en una instrucción de la Presidencia de la Cámara, adoptada ayer con el parecer unánime de la Mesa, que ha analizado un informe jurídico sobre la compatibilidad entre la libertad de información y los derechos de los diputados.
El informe fue encargado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, tras la publicación en el diario El Mundo de una fotografía captada en el hemiciclo con un mensaje privado recibido en el móvil del diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
La imagen permitía leer nítidamente el texto, en el que alguien anunciaba a Rubalcaba que Alberto Ruiz-Gallardón iba a ser nombrado ministro de Defensa, y su publicación fue calificada de «intolerable» por el presidente de la Cámara Baja.
Contiene la instrucción un preámbulo en el que el propio Posada remarca que «quiere realzar y reforzar el derecho constitucional a la información, y simultáneamente, proteger otros derechos constitucionales también susceptibles de protección cuyo desarrollo armónico es exigencia cabal de un sistema democrático».
La instrucción establece que para el ejercicio de la información gráfica en el interior del Congreso será preciso disponer de una acreditación, como ocurre ahora, expedida por la Dirección de Comunicación de la institución, teniendo en cuenta «el espacio disponible en la Cámara para el desarrollo de la actividad».
Además advierte de que «solamente los informadores gráficos acreditados podrán efectuar fotografías en el recinto del Congreso, «y ello mediante los accesos que se determinen, sin poder captar imágenes en aquellas áreas que se señalen expresamente como prohibidas para tal actividad.
El apartado 5 del documento, bajo el epígrafe «límites», contiene una única disposición que señala: «En el desempeño de la actividad autorizada, los redactores gráficos deberán respetar los derechos fundamentales de los diputados y demás personas que prestan sus servicios en la Cámara». Este artículo es el que sirve de apoyatura al régimen sancionador que se determina en las disposiciones posteriores referidas al «incumplimiento» de las normas.
Así, si la Dirección de Comunicación detectara «contravenciones» de lo dispuesto en la norma, lo comunicará a la Secretaría General del Congreso, que podrá incoar un expediente «con audiencia de los afectados» para determinar «las circunstancias en que se produjeron los hechos».
No se sanciona al medio
Si tras finalizar el expediente «se dedujera un comportamiento inadecuado y contrario a esta instrucción», la Secretaría General elevará una propuesta a la Mesa, la cual estará facultada para retirar la acreditación por un plazo máximo de un año, aunque el medio para el que trabaje el fotógrafo sancionado podrá acreditar a otro profesional.
En el preámbulo, el presidente Jesús Posada destaca que la Cámara ha venido «dando apoyo al ejercicio de la actividad informativa» en el Congreso, «consciente del importante papel que los medios juegan en una sociedad libre y democrática».
Pero a continuación apunta que «el transcurso del tiempo y la constatación de determinadas circunstancias aconsejan regular de manera más precisa y con el rango normativo adecuado el desempeño de la actividad de la prensa gráfica, aprovechando la mayor parte de las prácticas ya consolidadas». Las nuevas normas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2012, de manera que ya será de aplicación en el próximo pleno del Congreso que se celebrará el 11 de enero.
