El Gobierno Vasco se está planteando que el futuro programa de intermediación de alquiler -que consiste en un seguro gratis para el casero si cobra una renta regulada al inquilino- se abra no sólo a las viviendas vacías, sino también a los contratos de arrendamiento ya en vigor. El proyecto, que comenzará a funcionar en enero próximo, había sido concebido inicialmente con los requisitos del programa Bizigune, que moviliza hacia el alquiler inmuebles de particulares que estén desocupados durante al menos nueve meses. Sin embargo, fuentes del Departamento de Vivienda no descartan ahora ampliar la oferta de una póliza gratuita -para impagos y desperfectos- a las casas que ya están arrendadas; ahora bien, siempre que el propietario acepte cobrar entre 400 y 650 euros mensuales, según el municipio.
Ese cambio ha surgido después de que el Ejecutivo de Vitoria haya tenido que aumentar los objetivos iniciales del programa de intermediación por la falta de presupuesto para edificar nuevas promociones de alquiler social. Si el incentivo del seguro gratuito había sido diseñado al principio para captar 2.000 pisos de particulares hasta 2013, la nueva meta son 3.000. El atractivo de póliza, que la Administración vasca ha sacado a concurso entre las empresas del sector, puede contribuir a alcanzar incluso el nuevo listón, pues a los caseros hoy no les resulta fácil contratar un seguro individual, debido a las condiciones -de ingresos, etc.- que las firmas del sector exigen al inquilino.
Mientras en Cataluña se acaba de poner en marcha una experiencia similar, la consejería de Iñaki Arriola ha invitado a los colegios de agentes de la propiedad y a otras empresas a colaborar en la iniciativa. Las organizaciones profesionales han admitido que puede ser una alternativa para compensar la caída del negocio, y ya están presentando alegaciones al borrador. De forma paralela, el Departamento de Vivienda también inyectará más recursos en Bizigune, que alquila inmuebles por no más de 600 euros mensuales y los reasigna a inquilinos a precios más bajos. Aquí se trata de alcanzar la cota de 6.000 pisos de renta regulada frente a los 5.000 actuales (Bizigune tiene centenares de propietarios en lista de espera).
Rebaja de los precios
Con su doble estrategia -intermediación y Bizigune- el Gobierno Vasco intenta incrementar la oferta de arrendamiento asequible para los hogares apuntados en el Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide), sobre todo, ahora que muchos ciudadanos de ingresos medios que aspiraban a la propiedad tienen vedado el acceso a las hipotecas. Debido a esa situación, el Ejecutivo ha previsto que la intermediación sea accesible a las rentas de hasta 39.000 euros anuales, mientras que en Bizigune, más costoso para las arcas públicas, el tope son 25.000.
Los responsables de esas medidas esperan que presionen a la baja los precios del alquiler privado, que son muy caros en Euskadi e incluso han subido en el último año a pesar de la crisis económica. Durante el tercer trimestre de 2011, la renta media del mercado libre ascendía a 904 euros mensuales, una cifra inalcanzable para los jóvenes con salarios bajos, que no tienen más remedio que compartir piso.
La rigidez de las rentas de alquiler se ha explicado tradicionalmente porque la oferta es muy reducida. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), sólo el 7,3% del parque de viviendas de Euskadi se explota en arrendamiento, lo que supone 58.400 pisos. No obstante, los expertos admiten que esos datos se han quedado obsoletos, ya que datan de 2008, cuando la crisis inmobiliaria sólo empezaba a manifestarse. En su opinión, el porcentaje real de inmuebles arrendados tiene que ser sensiblemente superior al que marca el Eustat. Un indicio de ello es que una estadística paralela a la de pisos arrendados, que es la de hogares en alquiler, refleja ese aumento y a un ritmo mayor en Euskadi que en el conjunto de España. Según el INE, las familias en alquiler han pasado de representar el 6,1% en la comunidad vasca durante 2008 a sumar el 7,7% en 2010. La media estatal ha pasado del 11,4% al 11,8%.
De momento, los datos disponibles indican que la mayoría de los pisos de alquiler en Euskadi o bien son de titularidad pública (22.000 pisos sociales) o bien son inmuebles particulares, pero con un inquilino subsidiado por los gobiernos vasco y central (unos 70 millones de euros anuales para 23.600 ayudas).
Sin embargo, la proporción exacta alcanzada por el arrendamiento público sobre el total del mercado no se puede calcular, pues, según el Observatorio Vasco de Vivienda, un número indeterminado de prestaciones económicas han sido concedidas a personas que residen en pisos sociales (renta mensual media de 252 euros) o de Bizigune (275). Los demás beneficiarios tienen que buscarse, igual que los ciudadanos sin subsidio, un casero en el mercado libre.
Algunos sectores culpan a las ayudas públicas de los altos precios del alquiler, junto con la escasez de la oferta. Así lo aseguraban en el Gobierno Vasco durante la anterior legislatura, cuando el Ejecutivo central introdujo la renta de emancipación (210 euros mensuales). Lejos facilitar el acceso a un alojamiento asequible, esas fuentes sostenían que la prestación quizá contribuye a inflar los precios y perjudica a quienes no cobran ningún subsidio. Lo cierto es que a muchos jóvenes que buscan piso, lo primero que les pregunta el casero es si tienen derecho a algún dinero público.
