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El inmueble del portal número 5 de la calle Gaztelubide sigue ocupado un mes y dos días después de que un grupo de jóvenes decidiera acceder al interior del mismo. Entre los motivos que explicaron esta ocupación, según anunciaron los portavoces de la Gazte Asanblada de la Parte Vieja, en rueda de prensa a las afueras del edificio, está la posibilidad de que los jóvenes del barrio dispongan de un espacio en el que poder desarrollar sus actividades. Desde entonces los jóvenes tratan de adecuar el interior de la casa para poder organizar talleres, conferencias y proyecciones de películas, entre otras actividades.
Una denuncia presentada en la comisaría de la Ertzaintza por el abogado de la propiedad, el mismo día 24 de septiembre, y tramitada al juzgado de instrucción número 5, decidirá en qué momento serán desalojados los jóvenes del edificio.
El abogado de la propiedad cree que «al margen de la responsabilidad penal por los delitos que a cada uno pueda corresponder, existe una responsabilidad civil económica por cada uno de los daños y perjuicios que han cometido y siguen cometiendo, incluyendo daños materiales, desaparición de enseres y perjuicios por el tiempo de ocupación».
Pero más allá del desalojo, el acto de ocupación de este edificio podría tener consecuencias políticas. Se ha puesto en entredicho el papel que tuvo el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, que se presentó ante los agentes de la Guardia Municipal «como responsable» de este grupo de jóvenes okupas, y las causas por las que la dirección de la Guardia Municipal decidió retirar a sus agentes sin impedir que los jóvenes accedieran al interior del mismo. ¿Por qué el gobierno municipal asegura que la actuación de este consistorio ha sido correcta, rápida y respetuosa con todas las partes implicadas, ya que en todo momento se ha tenido en consideración tanto a los dueños del edifico como a los jóvenes? ¿Por qué el gobierno local dice que el secretario del alcalde Josetxo Ibazeta actúo de interlocutor y no como responsable como recoge el informe de los agentes que participaron en la intervención? ¿Por qué el subcomisario de la Guardia Municipal reconoce a Ibazeta como responsable de este movimiento y luego en el informe de la actuación omite cualquier mención del secretario del alcalde?
Las incógnitas que pudieran quedar todavía pretenden ser despejadas en el marco de una comisión de investigación que PNV y PP crearán en los próximos días si no tiene efecto la moción que elevará al Pleno de mañana el grupo jeltzale, en la que insta al alcalde a ser él quien tome la iniciativa. En esta comisión se pretende que comparezcan todas las partes implicadas en este asunto, incluido la propietaria del edificio, o en su defecto el abogado de la propiedad.
Al PNV y al PP no les vale con que los agentes de la Guardia Municipal se hayan ratificado en el informe que redactaron el mismo día de la ocupación. Pretenden que el gobierno municipal clarifique su posición al respecto y que se aclare por qué motivo no acudió ningún mando a la intervención, por qué el subcomisario Joxe Anta redactó un segundo informe en el que se omite al secretario del alcalde y por qué los agentes recibieron órdenes de la comisaría central para poner fin a la intervención, a sabiendas de que, al menos, tres jóvenes accedieron al interior del edificio en el momento que los agentes abandonaban el lugar.
Desde los sindicatos de trabajadores, especialmente desde ELA -el mayoritario en la Guardia Municipal- han trasladado el malestar por la posición en la que ha quedado el Cuerpo en los últimos días. No ha gustado que se ponga en duda la «profesionalidad» de los agentes que trataron de impedir el acceso a los jóvenes y que se diga que está aplicando un «doble rasero» al permitir una situación de ilegalidad en la ciudad por estar «bajo la influencia de la dirección política». Se reclama que la Guardia Municipal es un cuerpo jerarquizado y que cualquier consulta, más allá del informe redactado por los agentes, debe ser respondido por los superiores.
Desalojos de inmigrantes
El que no seguirá adelante con la comisión es el PSE, al considerar que se han despejado las incógnitas tras conocerse las explicaciones ofrecidas por los agentes de la Guardia Municipal, el pasado jueves en la Junta de Portavoces, el informe de actuación que éstos redactaron y las conversaciones que los agentes tuvieron con la comisaría el 24 de septiembre.
La declaración de los agentes permitió destapar un extremo desconocido hasta la fecha. Los agentes de la Guardia Municipal aclararon que el secretario del alcalde Josetxo Ibazeta recomendó a los jóvenes que no accedieran al interior del edificio debido al mal estado en el que se encuentra. No hicieron caso.
La representación de la propietaria ha denunciado desde ese día que «en ningún caso se ha respetado y tenido en consideración» a los propietarios de la casa, y critica la actuación de la Guardia Municipal por no actuar ante lo que considera la comisión de «delitos flagrantes». «En otros casos similares, incluso en la misma casa, hace menos de un mes, la misma Guardia Municipal actuó de la forma contraria desalojando a okupas rumanos y marroquíes sin existir orden judicial, a pesar de llevar días en la finca. Se ha producido en este caso una arbitrariedad inadmisible», añade.
