Las viviendas vacías captadas por el programa Bizigune del Gobierno Vasco, para alquilarlas a personas con ingresos anuales de hasta 22.000 euros, tienen asignadas unas rentas mensuales que son tres veces más baratas que los arrendamientos del mercado libre. Así se desprende de un informe del Departamento de Vivienda, que indica que la suma mensual abonada por los 4.347 inquilinos de Bizigune registrados en 2010 ascendió a 304,7 euros por término medio a lo largo de ese año, mientras que los ciudadanos que recurrieron a arrendatarios privados pagaron 922.
Según el estudio, elaborado por el Observatorio de Vivienda del País Vasco, la Administración vasca se ha gastado, entre 2003 y el pasado ejercicio, un total de 103,9 millones de euros en financiar la puesta en alquiler de inmuebles desocupados, suma a la que hay que añadir la financiación del ejercicio 2011. Todo ese dinero se dedica principalmente a cubrir la diferencia entre lo que el Gobierno Vasco abona a los dueños de los pisos -una media de 580 euros al mes, con un tope de 600- y las rentas baratas que cobra al beneficiario, que debe estar apuntado a las listas del Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide) y nunca abonará una cantidad superior al 30% de sus ingresos.
Crisis financiera
A finales de 2010, los pisos de Bizigune que tenían inquilino eran 4.347. No obstante, el departamento también gastaba un parte de sus recursos económicos en casi 400 inmuebles más que igualmente han sido captados para el programa, pero que estaban a la espera de encontrar un aspirante en su zona. Del mismo modo, la Administración vasca también tiene que pagar las obras para dejar las casas como estaban cuando los propietarios las recuperan, lo que pueden hacer al cabo de cinco años como mínimo (si no desean renovar sus contratos por otro periodo similar).
El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha advertido en varias ocasiones de que la idea de movilizar pisos vacíos para el mercado de arrendamiento sale bastante cara a los contribuyentes vascos. Sin embargo, a favor de mantenerla juegan dos factores: la crisis financiera ha convertido casi en una misión imposible construir viviendas de arrendamiento público; y además, Bizigune resulta cada vez más atractivo a las personas inscritas en Etxebide, ya que la mayoría tiene ingresos bajos y el acceso a las hipotecas para comprar inmuebles en propiedad se ha vuelto muy difícil incluso para las familias con ingresos medios.
Así se explica en parte que el número de aspirantes a un piso de Bizigune haya aumentado un 45% entre 2005 y 2010. En términos absolutos, los candidatos eran 35.146 en diciembre pasado, lo que representa el 40% de todos los solicitantes de vivienda de Etxebide, ya sea en propiedad como en alquiler.
Por territorios históricos, el 52,8% de la demanda de Bizigune se encuentra en Bizkaia (18.561 expedientes), el 31,5% en Gipuzkoa (11.058) y el 15,7% en Álava (5.527). Bizkaia es, precisamente, la provincia donde las peticiones de ese programa de arrendamiento más se han disparado (los candidatos se han incrementado un 75%). Mientras tanto, en el resto de Euskadi las cifras se han mantenido más estables.
Bizigune no es el único proyecto para incentivar el alquiler a precios asequibles. La demanda creciente de arrendamiento ha animado al Gobierno vasco a poner en marcha este año de una iniciativa nueve: la intermediación entre caseros particulares e inquilinos que ingresen hasta 39.000 euros, que es el límite que está previsto establecer en el futuro en Etxebide para participar en los sorteos de viviendas de protección oficial (VPO).
La consejería financiará a los propietarios de los pisos un seguro contra impagos y desperfectos, pero a condición les exigirá que no cobren más de 650 euros al mes, aunque la cifra -hasta 400, hasta 475, hasta 550, hasta 600 y hasta 650 según los casos- dependerá de la comarca en la que esté situada la vivienda.