Varios miles de personas reclamaron ayer la legalización de Sortu en la tradicional manifestación que convoca la sensibilidad de izquierda abertzale al inicio de la Semana Grande donostiarra. Al término de la marcha, los convocantes rechazaron «sin paliativos» los ataques que en los últimos días han sufrido los monolitos en recuerdo de las víctimas de ETA, Juan María Jáuregui y Fernando Múgica, en un gesto inusual en este tipo de actos hacia los asesinados por la organización, y en plena polémica sobre el trato de Bildu a los damnificados por la violencia de ETA.
«No es admisible que se ataque así la memoria de las víctimas de la violencia», señaló el portavoz del movimiento por los derechos civiles Eleak, Joxean Agirre, para añadir que también «otros afectados por la violencia merecen también el reconocimiento público», como «los alcaldes de Bildu que han recibido cartas con amenazas y varias personas «muertas por disparos de la Policía en San Sebastián entre 1949 y 1979».
La marcha, que transcurrió sin incidentes bajo el lema 'Euskal Herria libre y legal. Todos los derechos para todos', partió a las 17.00 horas desde el Paseo de La Concha, a la altura de La Perla, tras aceptar los convocantes la decisión del departamento vasco de Interior de impedir que arrancara desde el Boulevard para que no coincidiera con el cañonazo.
Apoyada por la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y el colectivo de familiares de presos de ETA, Etxerat, entre otros, la manifestación contó con la presencia de miembros de Bildu, como el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, además de representantes de la izquierda abertzale como Tasio Erkizia, Miren Legorburu o Niko Moreno. También acudieron el coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, el fundador de ETA y ahora militante de Aralar, Julen Madariaga, el exjuntero de EB Mikel Izagirre, y el sindicalista de CC OO Jesús Uzkudun.
La manifestación, que transcurrió entre gritos a favor de la independencia y el acercamiento de los presos al País Vasco, terminó, al igual que el año pasado, en la plaza Okendo con la lectura de un comunicado por el portavoz del colectivo Eleak. En él, además de criticar la decisión de Interior de cambiar el punto de salida de la marcha, Agirre hizo un llamamiento «expreso» a PSOE y PP para que tengan «otro tipo de actitud» y abandonen el «inmovilismo», de manera que el nuevo curso político «arranque, desde septiembre, con la legalización de Sortu». A su juicio, ésa es «la llave de la solución».
Agirre remarcó que avanzar en la «buena dirección» y materializar un «marco democrático en Euskal Herria», exige que todos «den pasos concretos». El portavoz de Eleak recriminó «la política irresponsable de insultar al contrario, de negar el saludo como forma de buscar un titular, o de vigilar las banderas en su mástil, atentos a si ondean como ordenan la ley o el viento».
«Respeto al oponente»
Eleak, que también reclamó el fin de la actual política penitenciaria, defendió que todas las partes «dejen de lado, de una vez por todas, la violencia» y se asuma el compromiso público» de respetar «la voluntad del pueblo». Agirre quiso centrarse también en las críticas que en los últimos días han recibido los miembros de Bildu por su «falta de cercanía» a las víctimas del terrorismo. «Han sido atacados los monolitos en recuerdo de Juan María Jáuregui y de Fernando Múgica, hechos, ambos, que rechazamos sin paliativos. No es admisible que se ataque así la memoria de las víctimas de la violencia. Pero este rechazo no admite dobleces ni olvidos premeditados», subrayó el portavoz de Eleak, refiriéndose así a las «amenazas de muerte» que «también han recibido alcaldes de Bildu. La sede de Etxerat en Vitoria ha sido asaltada, al igual que otros muchos símbolos y monolitos atacados». En este punto, Agirre recordó a personas fallecidas como al miembro de ETA, Mikel Kastresana, que murió en un enfrentamiento con la Policía en 1988.
«Hay que abordar la cuestión de las víctimas, de todas, con rigor y respeto, porque el derecho a la memoria colectiva y la convivencia futura, no pasan por el olvido, la exclusión y la ofensa constante contra cientos de muertos y miles de represaliados por la violencia estatal», concluyó.
