El Ararteko ha instado al Gobierno Vasco a que medie ante el Servicio Público de Empleo Estat (SPEE) -el antiguo Inem- para que no compute las prestaciones autonómicas como la renta de garantía de ingresos o el complemento de vivienda a la hora de establecer si una persona tiene derecho o no a cobrar el paro. El Defensor del pueblo vasco ha hecho esta petición tras recibir «numerosas quejas» de afectados que han visto cómo les retiraban el subsidio de desempleo porque, sumando las citadas ayudas, superaban los ingresos mínimos estipulados, sin tener en cuenta el número de miembros de la unidad familiar. A juicio de la institución que preside Iñigo Lamarca, esta «restrictiva» interpretación supone una «grave injusticia» para estas familias.
En una recomendación general, el Ararteko analiza las circunstancias en las que se han visto inmersas estas personas que, en muchos casos y dado el efecto retroactivo de la orden, se ven obligadas ahora a devolver mensualidades que se consideran «indebidamente percibidas». Todos los afectados son desempleados que cobraban «una o más» prestaciones económicas propias del País Vasco, dirigidas a atender a familias en situación de necesidad. En concreto, se trata de la renta de garantía de ingresos (RGI), que puede oscilar entre los 650 y los 923 euros, y que suele ir acompaña de la prestación complementaria de vivienda, de 250 a 320 euros.
El problema surge al computar el importe total de estas ayudas como rentas propias del titular del subsidio de desempleo, cuando se trata de ingresos «dirigidos al conjunto de la unidad familiar», recuerda el 'ombudsman' vasco. En estos casos, se retira la prestación aduciendo que superan el 75% de salario mínimo interprofesional.
Para Lamarca, esta interpretación es «muy restrictiva» y «claramente lesiva de los derechos de estas personas, máxime cuando caben interpretaciones más acordes con el espíritu de las normas y con algunos pronunciamientos judiciales». Recuerda, por ejemplo, que el SPEE no tiene en cuenta que la finalidad de la RGI es «atender a las necesidades básicas familiares» y que la naturaleza jurídica de estas prestaciones «es la misma que la de las asignaciones por hijo o hija a cargo, que sí están excluidas expresamente del cómputo de rentas por la ley». Además, apunta a que esta interpretación puede generar situaciones de «discriminación» en relación a familias en similar situación económica, pero en las que no coincide el perceptor del paro con el titular de las ayudas autonómicas.
Más gasto para Euskadi
Aparte de los evidentes perjuicios para los afectados, el Ararteko advierte de que la suspensión del subsidio por desempleo tiene consecuencias económicas «presentes y futuras» para la comunidad autónoma en su conjunto, ya que «afecta a personas y familias con muy pocos recursos» y, por ello, las diputaciones tienen que suplir ese recorte de ingresos con un incremento de la cuantía de la RGI». Por tanto, la Administración vasca deberá asumir el gasto de unos importes que corresponderían a la estatal, lo que implica un sobreesfuerzo financiero «equivalente a los subsidios dejados de abonar por el SPEE».
En el caso de que las gestiones del Gobierno vasco resulten infructuosas, el 'ombudsman' considera que el Parlamento vasco debería tomar cartas en el asunto y promover a través de su capacidad de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales una proposición de ley para que la citada interpretación deje de tener cobertura legal.
