El presidente de Chile, Sebastián Piñera, parece decidido a endurecer la arremetida contra el movimiento estudiantil que mantiene en jaque a su Gobierno desde hace casi tres meses a pesar de la difusión de encuestas que indican que su Administración tiene el nivel de aprobación más bajo de la historia chilena reciente.
El jueves la policía reprimió con bombas lacrimógenas y carros de agua la manifestación convocada por estudiantes en Santiago y otras ciudades del interior del país. La jornada culminó con un total de 874 detenidos, de los cuales 31 -22 de ellos menores de edad- fueron procesados por desórdenes y daños. El resto de los arrestados quedaron finalmente en libertad.
Los estudiantes de Secundaria y universitarios, que exigen al Gobierno de Piñera una educación pública, gratuita y de calidad y que además cuentan con el respaldo de gremios docentes, dirigentes de la oposición y de entidades humanitarias, han emplazado al Ejecutivo a presentar un plan de reformas para la enseñanza en seis días, un desafío rechazado por el ministerio de Educación.
El conflicto, que se arrastra desde hace meses, se manifestó ya en marchas callejeras, la ocupación de establecimientos, la suspensión de clases y huelgas de hambre. El jueves, el colectivo estudiantil convocó una multitudinaria movilización hacia el palacio de La Moneda, pero el Gobierno no solo les negó la autorización sino que valló la zona y movilizó a numerosos efectivos policiales.
Pese al despliegue policial, los jóvenes desafiaron la prohibición y fueron reprimidos por los agentes. Ya por la noche, ciudadanos de Santiago, en apoyo a los estudiantes, sumaron su malestar con un «caceroleo», como se conoce en este país a la protesta con golpes de cacerola. Algunos de los manifestantes que se acercaron al centro de la capital para golpear sus cacharros fueron disueltos por policías a caballo.
Querellas contra el Ejecutivo
El Gobierno precisó ayer que fueron 874 los detenidos y 90 carabineros (policías) heridos. No se informó, sin embargo, sobre los manifestantes heridos que, según los estudiantes, se contabilizaron por decenas. De hecho, escolares y profesores presentaron ayer una querella contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por la represión «desproporcionada».
Entretanto, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, advirtió de que no se aceptará el ultimátum y que se adoptarán medidas para garantizar el retorno a clases de los estudiantes contrarios a la rebelión. También el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquet, dijo que desalojarán instituciones ocupadas y se querellará contra los jóvenes puesto que desde que se inició la protesta muchos centros no están impartiendo clases.
La rebelión tiene su pico justo cuando se conoce un sondeo que revela una profunda caída en la imagen del Gobierno de Sebastián Piñera. Según el Centro de Estudios Públicos, solo el 26% de los chilenos aprueba la gestión del mandatario de centroderecha, el nivel más bajo de apoyo a un presidente desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Los que desaprueban son mayoría: un 53%.
El Ejecutivo intentó neutralizar el conflicto mediante un plan de 21 medidas para mejorar la calidad de la educación, una propuesta que los estudiantes contestaron con la multitudinaria protesta llevada a cabo el jueves.
