A la Universidad del País Vasco le ha vuelto a tirar de las orejas el Tribunal de Cuentas por pagar complementos salariales durante años a profesores a los que legalmente no les correspondía. En su informe fiscalizador, destaca que la UPV gastó 4,5 millones de euros en 2008 en esas retribuciones irregulares. El tribunal considera que, con algunas excepciones en cuanto a gastos de personal y procedimientos de adjudicaciones de obras, la institución académica ha cumplido «razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-financiera».
Ese abono irregular de equiparaciones salariales se arrastra desde hace lustros. Un Consejo de Gobierno de la UPV celebrado en los años ochenta tomó la decisión de que los docentes asociados -los que no son funcionarios- cobraran también los trienios, las pagas de antigüedad, y el complemento de doctor, éste último cercano a los 3.500 euros al año en la actualidad. «En ese momento el consejo era competente para tomar esa decisión y no había una legislación clara», explicaba ayer un portavoz de la Universidad.
En los años noventa un decreto del Gobierno central reguló las retirbuciones de los profesores. Establecía que los trienios y los complementos de doctores sólo los podían recibir los funcionarios. El tribunal de cuentas se encarga de denunciar esta situación en cada informe pero los diferentes equipos al frente de la UPV han hecho la vista gorda ante lo que consideran una «decisión heredada».
Los responsables universitarios consideran que estas irregularidades detectadas están ya solucionadas. La nueva normativa vasca aprobada durante 2008 en la que se crea la figura del profesorado propio de la UPV, explican, otorga los mismos derechos a funcionarios y contratados laborales.
«Falta de control del gasto»
Otro de los puntos negros en las cuentas de 2008 que destaca el tribunal también tiene que ver con las nóminas de los profesores. El informe destaca que la Universidad pagó más de lo previsto en los extras salariales por docencia, investigación y gestión en 2008, año en el que se abonaron todos los extras aprobados a los profesores desde 2005 y en el que Juan Ignacio Pérez ocupó el cargo de rector hasta diciembre.
La razón de ese desfase es que el Gobierno Vasco calculó que iba a pagar el 95% de la factura y solo pudo hacer frente al 85%. El resto lo debía poner la institución académica. Además, el Ejecutivo estimó que la factura anual en estos sobresueldos que premian los méritos de los docentes iba a ser de 16 millones de euros al año y fue de 20 millones.
El organismo fiscalizador vasco se detiene también en la «falta de control del gasto» en algunas áreas. «La descentralización de la gestión contable de la UPV dificulta su control», subraya el documento. En 2008 había más de 3.000 Unidades de Gasto Autorizadas -grupos que administraban de forma autónoma el dinero asignado-, de las que 2.800 correspondían a proyectos de investigación, contratos externos o cursos financiados con aportaciones externas, que gestionaron en 2008 gastos de funcionamiento e inversiones por un total de 51,2 millones de euros.
«Cada unidad gestiona su dinero, los responsables del curso o contrato son los titulares de la cuenta corriente a través de la que se realizan los pagos y la documentación justificativa permanece en las unidades. La UPV debería revisar periódicamente esas unidades para verificar pagos, documentos y justificación de gastos», alerta el tribunal.
A partir de 2011, la Universidad tenía previsto centralizar la contabilidad de cada proyecto. El órgano fiscalizador también detecta un «defiente control sobre la finalización de los contratos de investigación».
